Al ritmo del cacerolazo, cientos de miles de ciudadanos no permitieron que los vándalos ni las autoridades les arrebataran el derecho a expresar su indignación. Una parte muy significativa del país marchó pacíficamente, llena de creatividad y con un claro descontento hacia la manera como siente que la administración de Iván Duque está dirigiendo el país. No hay señales desde el Palacio de Nariño de que el mensaje se esté recibiendo. La Policía, por su parte, falla al no poder evitar los abusos de poder de algunos de sus agentes.
Hubo crímenes. Hasta el cierre de esta edición seguíamos viendo situaciones lamentables en varias partes del país. Cali y Bogotá fueron un hervidero de desastres. Eso nadie lo niega. Pero la respuesta a ese tipo de situaciones, aunque no sea fácil, sí es sencilla: el Estado debe demostrar que puede contener a los actores que cometen ilícitos sin violar derechos fundamentales. El relato de este gran paro nacional no puede ser uno de vandalismo; sería una manera de traicionar a los colombianos que se expresaron con elocuencia.
Las calles estuvieron llenas de alegría y paz. Durante el día, en varias partes del país se vieron manifestaciones coloridas, tranquilas, con música y buena disposición. Abundaron las críticas punzantes al Gobierno, acompañadas de un compromiso inquebrantable con respetar las instituciones. Quienes temen por la democracia deberían sentirse tranquilos al ver la gran masa de colombianos ejercer así su derecho fundamental a manifestarse.
Es frustrante, entonces, que la respuesta del Gobierno Nacional haya sido de retórica blanda. Tanto el presidente Duque como la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, dijeron que “escuchan”, pero en el fondo de sus declaraciones se percibe otra realidad. En la Casa de Nariño siguen apegados a un convencimiento enclaustrado de que se están haciendo las cosas bien, que no hay necesidad de interpelar directamente las peticiones de los manifestantes y que todo se circunscribe a un asunto de orden público y poco más. Es muy diciente que en el discurso presidencial se haya hablado tanto del vandalismo y la respuesta de las fuerzas de seguridad. Ese no era el punto de debate ni la respuesta que merecía la dimensión que tuvo esta protesta.
Sí, han sido días difíciles para la Policía Nacional. Vimos a agentes siendo perseguidos y hostigados. Cualquier ataque a la Fuerza Pública es inaceptable y debe ser sancionado dentro del Estado de derecho. Esas situaciones, sin embargo, no son excusas para el tipo de abusos que se presenciaron. Ciudadanos agredidos sin razón, uso desproporcionado de la fuerza, hostilidad por todas partes. Así es muy difícil reconstruir la confianza de la ciudadanía. La fuerza debe ser el último recurso, pero a menudo el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se encuentra en situaciones donde no es claro que su actuar sea provocado. Eso no puede ocurrir.
Vienen semanas difíciles para un gobierno que se muestra irreflexivo. Si el Centro Democrático insiste en culpar a la “izquierda” de los desmanes y en equiparar a los manifestantes con los vándalos, y si la estigmatización es la respuesta oficial, no nos extrañará seguir escuchando las cacerolas. Una presidencia que se soñó como la unión y el futuro se verá estancada por un pueblo descontento que no se siente escuchado. No deberían seguir en el error de no atender lo que la calle les está reclamando.
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Por El Espectador
