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Claro que los juegos de suerte y azar en línea deberían pagar el impuesto al valor agregado (IVA). Ahora que la discusión revive, ya que es la principal fuente de ingresos que el Gobierno de Gustavo Petro está considerando para atender la conmoción interior en el Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los del Río de Oro y González en el Cesar, este período de excepción puede servir para demostrar lo que el país está perdiendo al tener una exención injustificada. Por más que el sector hable de los empleos que produce y los aportes que hace a salud, no hay justificación para que tenga un trato diferenciado frente a otros tantos bienes y servicios. El país no puede fomentar las apuestas en detrimento de sus finanzas.
La propuesta de IVA a estos juegos se cayó con la pasada ley de financiamiento. En su momento, el debate pasó de agache, en parte por las enormes capacidades de lobby del gremio, pero principalmente porque todo el proyecto estaba condenado ante los escándalos del Gobierno y la enemistad que cultivó en el Congreso. Sin embargo, en pro de la búsqueda de un sistema tributario equitativo coherente con los principios que definen a nuestro Estado, es necesario que la discusión se reabra.
Los juegos están exentos desde 2016, cuando el país y sobre todo la realidad tecnológica eran distintos. En Colombia y el mundo, los avances en tecnología y en el uso de transacciones con celulares ha servido para que apostar se masifique. Por eso las ligas profesionales de fútbol en todo el mundo están llenas de anuncios de este tipo de empresas. Las cifras en nuestro país lo demuestran: la industria pasó de $16 billones en 2021 a $36 billones en 2023. En 2024 la tendencia siguió en crecimiento. Según los datos del PIB del tercer trimestre del año pasado, el sector tuvo un desempeño de 14,1 %, frente al 6 % registrado en el mismo período de 2023. Ha tenido un crecimiento siete veces mayor que el PIB nacional en la pospandemia.
Es decir, es muchísimo el dinero que se está produciendo y no está pagando IVA. Fecoljuegos se defiende diciendo que en el tercer trimestre del 2024 la industria aportó $231.343 millones al sistema de salud y generó 150.000 empleos formales. También señala que los márgenes de ganancia son escasos, pues el 97 % del dinero se destina a premios. Sin embargo, la pregunta es necesaria: ¿por qué el país debe subsidiar este sector y no otros? ¿Acaso aportar, con el IVA, a las finanzas del Estado no es un compromiso de la sociedad general y los empresarios?
Es tan enorme el negocio que, según cálculos del Ministerio de Hacienda, implementar el impuesto en estos 90 días de exención ayudaría a recaudar de manera veloz más de $600.000 millones. Dinero que será utilizado para fortalecer la capacidad estatal en medio de la crisis. Por supuesto, será un rubro transitorio en medio del estado de excepción. El país sigue en deuda de una reforma tributaria, pero la próxima vez que eso se presente al Congreso, lo que ocurra en estos días servirá de insumo para la discusión. Ante la explosión de este tipo de juegos, y sabiendo que las finanzas del Estado están y seguirán estando apretadas, es momento de reconsiderar el impuesto. Todos los sectores deben aportar equitativamente a la construcción de la nación que queremos.
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