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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empezó a solucionar, por fin, uno de sus principales puntos ciegos. Esta semana, la Sala de Reconocimiento anunció la apertura del macrocaso número 11, titulado “Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicios basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano”. Después del clamor durante años de organizaciones de mujeres y defensoras de derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT), el tribunal de justicia transicional reconoce la importancia de utilizar el enfoque diferencial para ver cómo los cuerpos de las personas, así como sus orientaciones sexuales e identidades de género, fueron instrumentalizados durante el conflicto. En buena hora.
Los hallazgos preliminares que compartió la Sala de Reconocimiento confirman lo que las organizaciones sociales han venido reclamando. En el comunicado de la JEP se habla de 35.178 víctimas de este tipo de crímenes entre 1957 y 2016. Sabemos, por cierto, que se trata de un subregistro, pues en medio del ruido de la guerra este tipo de delitos caen en la complicidad del silencio. De los datos que tiene el tribunal de paz, el 89,2 % de las personas víctimas son mujeres y, dice el comunicado, “el 35 % sufrieron las violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes”. Todos y cada uno de los crímenes “parecen tener como motivación principal la discriminación, el prejuicio, el odio y el desprecio, basados en el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad o expresión de género de la víctima”.
Esto no es nuevo en el país. Por ejemplo, Colombia Diversa, organización que estuvo entre las que lideraron la solicitud del macrocaso a la JEP, ha documentado de manera extensa cómo las personas LGBT fueron victimizadas por su orientación sexual o identidad de género. Ahora, la JEP lo confirma, pues muchos de los crímenes tenían como propósito “corregir” lo que se consideraban “desviaciones” de conducta. Los actores armados utilizaron ese tipo de agresión con especial saña contra las mujeres, que también son las principales víctimas de violencia sexual en los espacios que no son de conflicto. De nuevo citando uno de los ejemplos, el tribunal de paz dijo que “se encontraron hechos en los que la violencia sexual fue usada como castigo contra mujeres que se rebelaron a las órdenes de las FARC-EP, contra mujeres buscadoras de personas desaparecidas o como represalia contra sus padres, compañeros o jefes, considerados enemigos”. Gravísimo. Por eso necesitábamos el macrocaso.
Una última cifra que nos parece clave es la de los responsables. Según la JEP, el 33 % de los crímenes los cometieron los paramilitares; 5,82 %, las FARC y 3,14 %, agentes del Estado. Hay un 28 % cuya autoría se desconoce. Ese dato final muestra la importancia de que la JEP investigue la violencia basada en género. No hacerlo hubiese sido fracasar en el objetivo de entender lo que ocurrió en el conflicto.
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