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Las últimas decisiones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de destituir a su ministro de Defensa y recibir la renuncia de toda la cúpula militar, es un hecho inédito desde el regreso a la democracia en el país vecino. Lo más grave es el motivo: el saliente ministro, el general Fernando Azevedo e Silva, se negó a aceptar las presiones de Bolsonaro para poner a su disposición a las Fuerzas Armadas y fue despedido. Lo mismo sucedió con los tres comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que prefirieron irse antes que renunciar a su vocación institucionalista. El nuevo ministro, el general Walter Braga Netto, se inauguró alabando el golpe de Estado de los años 60. El actual mandatario continúa con su talante autoritario, en un peligroso juego, al querer someter a las Fuerzas Armadas a su proyecto político.
Este remezón inesperado a la cúpula militar se da en medio de una realidad muy compleja. La pandemia sobrepasó cualquier cálculo pesimista y la economía está en franca recesión. El desastroso manejo del gobierno suma 13 millones de infectados, un promedio de 3.000 personas fallecidas diarias y cerca de 330.000 fallecidos. Para algunos analistas, estos últimos movimientos militares pueden estar asociados con un eventual autogolpe, meter miedo o generar cortinas de humo para distraer la atención de la opinión pública. Para otros, se trata de su deseo de subordinar a las Fuerzas Armadas a su proyecto político de extrema derecha, en especial con miras a las elecciones presidenciales del año entrante, en las cuales aspira a la reelección.
Con su populismo y autoritarismo, Jair Bolsonaro se parece a Hugo Chávez. No es una paradoja. Cuando Chávez llegó al poder, Bolsonaro, como capitán retirado y defensor de la dictadura, dijo que seguiría el ejemplo del excoronel venezolano. En su forma, no en su ideología, transita un camino parecido. Su propuesta también busca la sumisión absoluta de las Fuerzas Armadas a su voluntad, más que parte del Estado deben ser un apéndice del Ejecutivo. Siguiendo el modelo venezolano, ha nombrado a un alto número de militares, en activo y en retiro, en cargos políticos de importancia, así como en empresas estatales de primer orden. Como lo recordó en estos días El País, 92 militares dirigen empresas estatales y más de 6.000 ocupan puestos civiles en el Ejecutivo federal. Están en la presidencia de Petrobras, de Correos y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), entre otros.
A pesar de todos sus problemas, la situación política interna no le es tan compleja en el corto o mediano plazo. Gracias a una serie de alianzas con partidos de centro-derecha, que se suelen vender al mejor postor, mediante prebendas burocráticas y jugosos contratos —el llamado centrão—, Bolsonaro cuenta con el respaldo suficiente en el Congreso para no seguir el camino de Dilma Rousseff. Tiene casi asegurada su continuidad en el cargo hasta las elecciones del año entrante, donde tendrá que medirse con un rival de gran envergadura: Luiz Inácio Lula da Silva. Su popularidad está por el suelo. De otro lado, en el campo internacional, decidió entregar la cabeza de su canciller, Ernesto Araújo, uno de sus aliados más firmes, para congraciarse con el nuevo gobierno de Estados Unidos, tras la derrota de su otro ídolo: Donald Trump.
Salvo una situación imprevista que lo deje por fuera de la competencia, todo parece prever una contienda electoral, en 2022, entre Jair Bolsonaro y Lula. De momento, y si las cosas siguen así, el descontento popular podría llevar al expresidente de izquierda de nuevo al Palacio de Planalto. La deriva populista y autoritaria del actual mandatario, en especial la que busca revertir el carácter institucionalista de las Fuerzas Armadas, hace peligrar la estabilidad democrática de la otra potencia continental.
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