Después de años y años de insistir en el populismo punitivo de siempre, en la construcción de más cárceles y en no atender los reclamos de la Corte Constitucional sobre la situación inhumana que hay en los centros penitenciarios, parece que los vientos están cambiando en Colombia. Algo de sensatez y mucho de consenso académico es lo que motiva la propuesta de justicia restaurativa del Ministerio de Justicia, así como la actitud del director encargado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez. Aunque en el debate público han abundado las burlas por una política que los punitivistas ven como “ingenua”, la realidad es que si no se cambia la estrategia penitenciaria en Colombia estaríamos perpetuando una tragedia humana insostenible.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, le dio a El Espectador un diagnóstico correcto y crudo de lo que ocurre en Colombia: “El sistema penitenciario actual es un rotundo fracaso. Si lo mantenemos sin reformas, ahí sí que estamos condenados a fracasar. No brinda sensación de seguridad, no disminuye la criminalidad, no resocializa y no cumple ninguna de las funciones que debe tener como sistema”. Es cierto. Los gobiernos pasados estuvieron en negación, incluso fomentando el aumento de las penas como si el sistema judicial no estuviese colapsado ya y la impunidad no fuese la norma en los peores delitos. Hasta en pandemia fue polémico pedirle al Ministerio de Justicia del gobierno de Iván Duque que considerara excarcelar a personas para evitar que el hacinamiento en las cárceles llevara a contagios de covid-19.
En Colombia hay un miedo enraizado en los ciudadanos que es además explotado por los legisladores. Se cree que si el sistema penal no es lo más agresivo posible, se fomenta el crimen. Por eso, año tras año los congresos, sin importar quién tiene la mayoría ideológica, suelen gravitar hacia proyectos que aumenten las penas, creen delitos nuevos y le manden al país la señal de que “algo se está haciendo”. El problema es que la rimbombancia de ese actuar ha ignorado los problemas estructurales del sistema penal y penitenciario, y también ha olvidado que la Corte Constitucional decretó hace ya varios años un estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país. Se normalizaron la crueldad y la corrupción.
Por eso, además del énfasis que el ministro Osuna ha puesto en el cambio de enfoque hacia la justicia restaurativa, también es bienvenida la actitud del director del Inpec. Hablando con El Espectador, el coronel Gutiérrez afirmó que “nuestra intención es humanizar las cárceles y humanizar a estas personas. Algunas entran siendo analfatebas y salen igual. La idea es que se capaciten (...) No todo puede ser pagado con cárcel. Habrá otro tipo de sanciones frente a los delitos. Seguramente habrá que analizar qué tipo de delitos se pueden pagar con otro tipo de castigo”.
Estamos de acuerdo. El hacinamiento es insostenible y la promesa constitucional de la pena como espacio de restauración no se ha cumplido. Es momento de una política criminal más digna, más razonable y que le aporte al país. Esperamos que las propuestas del Ministerio y del Inpec sean apoyadas por quienes, en el pasado, se entregaron al populismo punitivo.
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Después de años y años de insistir en el populismo punitivo de siempre, en la construcción de más cárceles y en no atender los reclamos de la Corte Constitucional sobre la situación inhumana que hay en los centros penitenciarios, parece que los vientos están cambiando en Colombia. Algo de sensatez y mucho de consenso académico es lo que motiva la propuesta de justicia restaurativa del Ministerio de Justicia, así como la actitud del director encargado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez. Aunque en el debate público han abundado las burlas por una política que los punitivistas ven como “ingenua”, la realidad es que si no se cambia la estrategia penitenciaria en Colombia estaríamos perpetuando una tragedia humana insostenible.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, le dio a El Espectador un diagnóstico correcto y crudo de lo que ocurre en Colombia: “El sistema penitenciario actual es un rotundo fracaso. Si lo mantenemos sin reformas, ahí sí que estamos condenados a fracasar. No brinda sensación de seguridad, no disminuye la criminalidad, no resocializa y no cumple ninguna de las funciones que debe tener como sistema”. Es cierto. Los gobiernos pasados estuvieron en negación, incluso fomentando el aumento de las penas como si el sistema judicial no estuviese colapsado ya y la impunidad no fuese la norma en los peores delitos. Hasta en pandemia fue polémico pedirle al Ministerio de Justicia del gobierno de Iván Duque que considerara excarcelar a personas para evitar que el hacinamiento en las cárceles llevara a contagios de covid-19.
En Colombia hay un miedo enraizado en los ciudadanos que es además explotado por los legisladores. Se cree que si el sistema penal no es lo más agresivo posible, se fomenta el crimen. Por eso, año tras año los congresos, sin importar quién tiene la mayoría ideológica, suelen gravitar hacia proyectos que aumenten las penas, creen delitos nuevos y le manden al país la señal de que “algo se está haciendo”. El problema es que la rimbombancia de ese actuar ha ignorado los problemas estructurales del sistema penal y penitenciario, y también ha olvidado que la Corte Constitucional decretó hace ya varios años un estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país. Se normalizaron la crueldad y la corrupción.
Por eso, además del énfasis que el ministro Osuna ha puesto en el cambio de enfoque hacia la justicia restaurativa, también es bienvenida la actitud del director del Inpec. Hablando con El Espectador, el coronel Gutiérrez afirmó que “nuestra intención es humanizar las cárceles y humanizar a estas personas. Algunas entran siendo analfatebas y salen igual. La idea es que se capaciten (...) No todo puede ser pagado con cárcel. Habrá otro tipo de sanciones frente a los delitos. Seguramente habrá que analizar qué tipo de delitos se pueden pagar con otro tipo de castigo”.
Estamos de acuerdo. El hacinamiento es insostenible y la promesa constitucional de la pena como espacio de restauración no se ha cumplido. Es momento de una política criminal más digna, más razonable y que le aporte al país. Esperamos que las propuestas del Ministerio y del Inpec sean apoyadas por quienes, en el pasado, se entregaron al populismo punitivo.
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