En Buenaventura, el país entero

Si Colombia de verdad sueña con reinventarse en un escenario de posconflicto, uno de los principales termómetros para el éxito o el fracaso de ese proyecto está en Buenaventura. Por eso, ayer El Espectador, en alianza con la Fundación Color de Colombia y el Canal Caracol, trajo a Bogotá a los candidatos a la Alcaldía de esa ciudad para que les rindan cuentas a sus electores, pero de frente al país, sobre sus propuestas para sacar del abismo a uno de los lugares más golpeados por todos los males que aquejan a este país, y a la vez uno lleno de oportunidades, siendo nuestro principal puerto y puerta al Pacífico.

Como este diario ha venido denunciando —hoy pueden entrar a elespectador.com para ver la primera entrega de un video sobre nuestra más reciente investigación allá—, Buenaventura está golpeada por las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales, la delincuencia local y los políticos corruptos. Y el Estado parece incapaz de enfrentar la crisis.

Las cifras sobre la ciudad dan pavor: de los 400.000 habitantes, más de 160.000 se han acreditado como víctimas —¡la tercera parte de la población!—. Entre 1999 y 2003, los paramilitares cometieron 26 masacres en el municipio. Buenaventura es el infame lugar donde se crearon las “casas de pique”, como popularmente se conocen los espacios utilizados para descuartizar personas.

Además de ser el municipio del país que más personas ha desplazado por la violencia, hoy es el mayor receptor de indígenas que huyen del Chocó y llegan a vivir en la indigencia, en condiciones inhumanas.

Como puerto clave en las rutas de salida de las drogas ilícitas, hoy las autoridades son incapaces de contrarrestar el poder de los narcotraficantes que se apoderaron del negocio después de la expulsión de la guerrilla. Lo cual es caldo de cultivo para el reclutamiento de menores y la trata de personas, dos tragedias comunes en la zona.

Las bacrim hacen valer las “fronteras invisibles” y dominan buena parte del territorio, que se reparten con base en poderes ilegales.

Y el panorama no parece mejorar: los tres últimos alcaldes han terminado presos, y entre los actuales candidatos al cargo abundan cuestionamientos justificados por corrupción y lazos con los grupos ilegales.

En ese contexto, es imposible pensar en atender los problemas estructurales de pobreza y desigualdad que truncan las posibilidades de desarrollo de sus habitantes.

Buenaventura es uno de los principales retos del país que el Gobierno nos está invitando a construir. Allí se presenta la sintomatología de un conflicto que ha echado raíces hondas y que tiene múltiples manifestaciones y formas de crueldad.

Recuperar la institucionalidad no es fácil, pero es esencial. Lo primero es abrir los ojos y dejar de ignorar la crisis que desborda a Buenaventura y que es típica en el litoral pacífico colombiano. El Estado debe hacer presencia mucho más allá de la repetida militarización cuando algún horror ocurre. La transparencia debe ser el principal compromiso de quien sea elegido en las próximas elecciones. No se le pueden dar más largas a este asunto.

Si no somos capaces de llevar las oportunidades y la esperanza a uno de los lugares que más han sufrido nuestro conflicto, todos los esfuerzos que el país está haciendo por llegar al “posconflicto” serán en vano.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Si Colombia de verdad sueña con reinventarse en un escenario de posconflicto, uno de los principales termómetros para el éxito o el fracaso de ese proyecto está en Buenaventura. Por eso, ayer El Espectador, en alianza con la Fundación Color de Colombia y el Canal Caracol, trajo a Bogotá a los candidatos a la Alcaldía de esa ciudad para que les rindan cuentas a sus electores, pero de frente al país, sobre sus propuestas para sacar del abismo a uno de los lugares más golpeados por todos los males que aquejan a este país, y a la vez uno lleno de oportunidades, siendo nuestro principal puerto y puerta al Pacífico.

Como este diario ha venido denunciando —hoy pueden entrar a elespectador.com para ver la primera entrega de un video sobre nuestra más reciente investigación allá—, Buenaventura está golpeada por las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales, la delincuencia local y los políticos corruptos. Y el Estado parece incapaz de enfrentar la crisis.

Las cifras sobre la ciudad dan pavor: de los 400.000 habitantes, más de 160.000 se han acreditado como víctimas —¡la tercera parte de la población!—. Entre 1999 y 2003, los paramilitares cometieron 26 masacres en el municipio. Buenaventura es el infame lugar donde se crearon las “casas de pique”, como popularmente se conocen los espacios utilizados para descuartizar personas.

Además de ser el municipio del país que más personas ha desplazado por la violencia, hoy es el mayor receptor de indígenas que huyen del Chocó y llegan a vivir en la indigencia, en condiciones inhumanas.

Como puerto clave en las rutas de salida de las drogas ilícitas, hoy las autoridades son incapaces de contrarrestar el poder de los narcotraficantes que se apoderaron del negocio después de la expulsión de la guerrilla. Lo cual es caldo de cultivo para el reclutamiento de menores y la trata de personas, dos tragedias comunes en la zona.

Las bacrim hacen valer las “fronteras invisibles” y dominan buena parte del territorio, que se reparten con base en poderes ilegales.

Y el panorama no parece mejorar: los tres últimos alcaldes han terminado presos, y entre los actuales candidatos al cargo abundan cuestionamientos justificados por corrupción y lazos con los grupos ilegales.

En ese contexto, es imposible pensar en atender los problemas estructurales de pobreza y desigualdad que truncan las posibilidades de desarrollo de sus habitantes.

Buenaventura es uno de los principales retos del país que el Gobierno nos está invitando a construir. Allí se presenta la sintomatología de un conflicto que ha echado raíces hondas y que tiene múltiples manifestaciones y formas de crueldad.

Recuperar la institucionalidad no es fácil, pero es esencial. Lo primero es abrir los ojos y dejar de ignorar la crisis que desborda a Buenaventura y que es típica en el litoral pacífico colombiano. El Estado debe hacer presencia mucho más allá de la repetida militarización cuando algún horror ocurre. La transparencia debe ser el principal compromiso de quien sea elegido en las próximas elecciones. No se le pueden dar más largas a este asunto.

Si no somos capaces de llevar las oportunidades y la esperanza a uno de los lugares que más han sufrido nuestro conflicto, todos los esfuerzos que el país está haciendo por llegar al “posconflicto” serán en vano.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.