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La defensa de las libertades individuales implica que, en algún momento, se deben proteger actividades con las que una persona puede no estar de acuerdo. La lucha contra el prohibicionismo en todas sus manifestaciones no solo responde a la realidad práctica de que ese tipo de medidas rara vez logran erradicar aquello que vetan, sino que es una salvaguarda contra el autoritarismo de las mayorías o del Estado.
Por eso, consideramos que censurar la caza deportiva, como propone el Gobierno y pretende una demanda en trámite en la Corte Constitucional, sería un error y una violación a las protecciones mínimas que dispone la carta política. No porque una práctica sea impopular se justifica la intervención estatal sobre ella.
La activista y abogada Laura Santacoloma presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Protección Animal de 1989 y el Decreto Ley 2811 de 1974, que permiten la caza deportiva bajo ciertas regulaciones.
Para la accionante, “en el marco del límite de los derechos que les serían propios a los animales de existir y no sufrir, la caza deportiva implica un abuso de derechos” y “reduce a los animales a un mero negocio”.
El gobierno de Iván Duque está de acuerdo con esta posición. En un comunicado, el Ministerio de Ambiente dijo que rechaza “cualquier actividad de caza deportiva de fauna silvestre en el país, pues este ejercicio solo deriva diversión para los cazadores y crueldad y sufrimiento para los animales, y dista mucho de las actividades de caza realizadas por las etnias colombianas para su subsistencia, o de las actividades de control poblacional que practican las comunidades o pescadores en cualquier río de Colombia”.
En contraste, la administración de Juan Manuel Santos había radicado una intervención ante la Corte antes de finalizar su mandato. En él argumentaba que “pretender que desaparezca este tipo de regulaciones incentiva que la caza deportiva se realice de manera furtiva, en cualquier lugar, contra cualquier especie y de manera descontrolada sin que el Estado cuente con las herramientas adecuadas para reprimir las conductas así desplegadas, pues no tendría límites que restringen la actividad”.
Estamos de acuerdo con esa posición. Agregamos que los derechos al libre desarrollo de la personalidad están en juego y que la caza, si se regula de manera adecuada, puede incluir prohibiciones que eviten la “tortura” que han fundamentado los movimientos en contra de la práctica.
Prohibir lo único que haría sería quitarle al Gobierno herramientas de vigilancia y, además, permitiría que se limiten los derechos individuales. Por un fin loable, que es proteger todos los tipos de vida, se terminan produciendo efectos prácticos muy negativos.
Este es un debate complejo de dar, pues involucra sentimientos fuertes. Pero precisamente en los temas que producen reacciones vehementes es donde los principios básicos del Estado se deben evaluar con mesura, entendiendo los efectos que tiene debilitarlos para prohibir algo que no nos gusta. El alto tribunal haría bien en analizar este debate alejado de la coyuntura, para que su decisión no abra la puerta a futuras prohibiciones.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
Por El Espectador
