El Gobierno nacional está intentando esconder un hueco en la legislación que aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas y niños. Como se advirtió en su momento, la medida impulsada en el Congreso, además de todos los problemas que tiene por populismo punitivo y ser inútil para prevenir estos crímenes atroces, conlleva una situación paradójica: abre la puerta para que las personas condenadas salgan antes de prisión. Es decir, por querer hacer un espectáculo político con el proyecto, los parlamentarios terminaron flexibilizando la pena para estos delitos graves. Ahora, con la presentación de la reglamentación, el Ministerio de Justicia y Derecho intenta modificar esa realidad, pero al mismo tiempo abre la puerta para cuestionamientos constitucionales. He ahí las consecuencias de insistir en un proyecto inútil.
Yesid Reyes Alvarado explicó el problema en su columna para El Espectador. En sus palabras, “quienes impulsaron en el Congreso la inclusión de la cadena perpetua en la Constitución intentaron hacerla compatible con una tesis varias veces reiterada por la Corte Constitucional: la pena de prisión tiene entre sus principales finalidades la de resocializar al delincuente. Por eso incorporaron en el texto la obligación de que esa pena sea revisada a los 25 años de su ejecución para evaluar la resocialización del condenado”. El problema con esto es que, en la práctica, el Legislativo abrió la puerta para que los violadores y asesinos salgan antes de presión. Bajo el régimen actual, alguien condenado a 60 años puede, cuando mucho, salir a los 40 años. Con la cadena perpetua, podría quedar en libertad a los 25 años tras esa revisión.
Ese es el problema de legislar guiados por las emociones y el populismo. En vez de entender la complejidad de nuestro sistema penal y respetar sus principios orientadores, los legisladores apoyaron con vehemencia una medida incoherente que no supieron adaptar a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Todo un despropósito que nos obliga a preguntar: ¿de qué sirve tanto espectáculo? El Estado se desgasta en estas discusiones mientras que el problema de fondo sigue sin ser resuelto.
Ahora, con la reglamentación presentada esta semana por el Ministerio de Justicia, pretenden solucionar esa incoherencia de propósitos. El ministro Wilson Ruiz dijo sobre el proyecto: “A pesar de que reglamenta una revisión de la pena de prisión perpetua para la resocialización, esta no puede ser inferior al máximo establecido de 50 años en tipos penales simples o de 60 años en caso de concurso”. Eso no tiene sentido. Una de dos: o aceptamos que los presos tienen derecho a la resocialización y, por ende, esa revisión a los 25 años tiene la posibilidad de excarcelación, o se trata de un espejismo burocrático que pretende ocultar la verdadera orientación de nuestro sistema penal. En cualquier caso, no es un buen augurio para la revisión que eventualmente haga la Corte Constitucional, a quien el Gobierno y el Congreso ponen de nuevo a corregir un tema álgido.
Lo frustrante en estas vueltas y maromas es, de nuevo, que la cadena perpetua hace mucho ruido sin lograr sus loables objetivos. Llevamos años y años en una discusión por una medida que no protege a los niños ni a las niñas, no ayuda a solucionar los problemas esenciales del sistema penitenciario, no motiva políticas públicas útiles de prevención y solo sirve para obtener votos fáciles.
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