:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/Fu3jDtSc4ndAV5XMJUBjCJmd7Z4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/Z7OCGPYPR5BLVOAZZ4RZYKIVGQ.jpeg)
La grave situación por la que atraviesa el país en estos momentos requiere una gran dosis de humildad de parte de todos los actores, de deponer los egos y unir voluntades. Lo que fue una protesta pacífica frente a la impopular reforma tributaria ha escalado a un nivel de violencia y vandalismo en varias ciudades que es inaceptable y que condenamos. La manera de cerrar esta caja de Pandora, que en mala hora se abrió, no puede ser la de la represión ni la militarización que, como lo temíamos desde estas líneas el pasado lunes, no ha hecho sino enardecer más los ánimos ya suficientemente caldeados. Si la Fuerza Pública, al intentar supuestamente proteger las ciudades, desconoce los límites legales, lo único que hace es agregar gasolina al incendio que arde hoy en el país. Hay que detener y judicializar a los violentos y a los vándalos, eso no tiene discusión, pero sin poner en pausa la Constitución y la ley.
La forma indicada de frenar esta espiral es, por el contrario, aceptar un diálogo abierto, que sea convocado por el presidente Iván Duque y que incluya a todas las fuerzas políticas y sociales sin excepción, incluidas, por supuesto, las que protestan. Ya varios expresidentes, ente ellos Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, se han ofrecido para reunirse con el Gobierno y 11 representantes de la Coalición de la Esperanza enviaron una comunicación bastante sensata al primer mandatario, donde plantean pasos concretos para ambientar puntos de consenso inmediato.
Ayuda que el ministro del Interior hubiera aceptado reunirse con la Coalición de la Esperanza, que el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, haya dado señales de sensatez y apertura al diálogo en sus primeras declaraciones, y que el presidente Duque haya instalado ayer la mesa de diálogo nacional que, vale repetir, no se puede circunscribir a un nuevo acuerdo de élites. La calle ha hablado y su voz tiene que estar en el centro de esa mesa con participación amplia e incluyente.
No hacerlo es dejar la puerta abierta a la anarquía. Si los actores involucrados actúan solo desde su propia orilla seguiremos en un diálogo de sordos. Óscar Iván Zuluaga, del partido de gobierno, sugirió un gabinete de unidad nacional. Es algo que podría explorarse, de nuevo, con representación más allá de la élite política. Los 11 firmantes de la comunicación de la Coalición de la Esperanza trazan una hoja de ruta que demuestra sindéresis, así como propuestas para analizar y poner en práctica de inmediato. Entre otros temas, acordar una reforma tributaria, necesaria, pero que no puede afectar aún más el golpeado bolsillo de las clases medias y bajas.
La polarización aumenta la ceguera de los sectores más radicales. Desde quienes pescan en el río revuelto del vandalismo, hasta quienes solo quieren mano dura y el uso de las armas como solución. La Unión Europea, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), así como importantes ONG nacionales e internacionales y la Iglesia misma han expresado su preocupación y condena a la violación de los derechos humanos que hemos presenciado en estos días en Colombia. Es tan censurable el asesinato de un oficial de la Policía en Soacha como la muerte de un manifestante por abuso policial. Ninguno de los dos extremos puede ser permitido y sus responsables deben responder por los delitos cometidos.
Es prudente recordar que el origen de Hugo Chávez en Venezuela fue el llamado “Caracazo”. En 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato, aplicó, sin ninguna concertación previa y desconectado del gran descontento que había en las calles, una serie de medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el famoso “Paquetazo”, que contemplaba aumento de la gasolina y de los impuestos, entre otras. La gente bajó de las barriadas populares de Caracas a protestar, en medio del hambre y la frustración. Las manifestaciones degeneraron en actos de vandalismo y saqueos, por lo cual Pérez autorizó que la Guardia Nacional, policía militarizada, entrara a reprimir para restaurar el orden. En medio de los disparos, el número de muertos llegó a 300, según el gobierno de la época, y a 3.000, según la oposición. Ante lo sucedido, vinieron dos golpes de Estado y la destitución de Pérez. El descontento popular continuó y Hugo Chávez llegó a la Presidencia diez años después con las consecuencias que bien conocemos hasta hoy.
Si no nos calmamos y damos paso a ese urgente diálogo nacional, podemos estar repitiendo aquí esa historia.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.