Cambiar el lenguaje

Ya el Gobierno ha nombrado a sus dos representantes del Estado ante la segunda (increíble) demanda que Nicaragua instauró contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.

 Se trata de una nómina de lujo: Carlos Gustavo Arrieta, exprocurador General de la Nación, y Manuel José Cepeda, exmagistrado de la Corte Constitucional. Seguimos, como se ve, en plan de confrontación y no en la fabricación serena de un acuerdo que lleve a la tranquilidad de ambas partes.

¿No era eso lo que nos habían dicho hace un tiempo cuando el Gobierno presentó su “estrategia integral”, que comenzarían los acercamientos con Nicaragua para un acuerdo que permitiera acatar el fallo? De eso, más bien poco hemos visto. Más bien nada. La mirada parece demasiado centrada en la opinión nacional y poco en los acuerdos entre las naciones para manejar sus relaciones.

Entre tanto, el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega ya ha presentado dos nuevas demandas contra Colombia ante la Corte. Una primera que pretende extender su plataforma continental con base en una interpretación ambiciosa de los límites definidos en el fallo aquel de 2012 en el que se le otorgó a Nicaragua una porción de mar territorial importante que creíamos nuestra.

Si bien es inaceptable esta pretensión y habrá que defenderse, lo que resulta inútil es persistir, por meros sentimientos patrioteros, en esa idea de que el Meridiano 82 —esa medida imaginaria, nunca pactada, apenas incluida en el tratado como referencia— era el límite entre los dos países. Nunca lo fue. Y sin embargo, seguimos en eso: “La Armada Nacional mantiene su presencia y navegación permanente en todas las áreas del archipiélago. La Armada Nacional está y se sostendrá en el área”, declaró altivo el comandante de la Armada, Hernando Wills.

Nicaragua quiere que se cumpla el fallo (¿no es eso lo que cualquier nación sensata pediría en estas circunstancias?). Colombia no acepta nada. O sí, pero no. Dora la píldora inteligentemente diciendo que el fallo sí lo acata, pero es inaplicable por cuestiones del derecho interno. Inteligente salida, sin duda, pero por qué, si el paso inmediato era sentarse con Nicaragua, utilizar la diplomacia y la persuasión, el consenso regional, todos los instrumentos a la mano, para lograr concesiones de Nicaragua frente al fallo. ¿O alguien esperaba que el presidente Ortega saliera al día siguiente a decir que entendía a Colombia y que mejor no se aplicara el fallo que favorecía a su país? ¡A ver!

Y en esas estamos. Ahora Nicaragua presenta una nueva demanda ante la Corte —previa a la pérdida de la jurisdicción por el retiro colombiano del Pacto de Bogotá—, razonada en el incumplimiento del fallo por parte de Colombia. Antipática, antijurídica, pretenciosa, inamistosa y todo lo que se quiera esta nueva demanda nicaragüense, pero razonable porque, hay que reconocerlo, la actitud de nuestro país ha sido la de no acatar el fallo, así se diga con palabras suaves.

Hay que cambiar el lenguaje. Hay que intentar, ya, los acercamientos de los que habló hace un tiempo el Gobierno, y ojalá no sea demasiado tarde. También hay que generar una línea de debate en la que las contrapartes sigan la misma línea de principio: ¿por qué no debatir sobre el acatamiento del fallo? ¿Muy difícil? ¿Será eso renunciar y arrodillarse ante los intereses de Nicaragua? No lo creemos. Nos parece, de hecho, que ese es el camino correcto para dejar en buen término esta confrontación. Porque entre más se empecine Colombia en su posición negacionista, más Nicaragua se verá tentada a tomar medidas. ¿Seremos capaces?

 

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