Los sucesivos ministros y consejeros presidenciales han hecho, a lo largo de los años, declaraciones sonoras —e inocuas— en foros internacionales y en medios locales. El tema ha sido utilizado políticamente en muchas ocasiones y ha generado no pocos votos. El Gobierno Nacional sabe, hace rato, que el territorio de Colombia, por su posición geográfica y por su fisiografía, es particularmente vulnerable al cambio climático. Sin embargo, nunca se ha tomado el problema en serio.
Hoy estamos pagando los costos de más de una década de incredulidad, imprevisión e inacción. Estamos viendo las consecuencias de eventos climáticos extremos, hace tiempo anunciados. Las regiones de Colombia y sus pobladores están siendo duramente afectados por los deslizamientos y las inundaciones causadas por una estación de lluvias larga e intensa. Un fenómeno anunciado que nos tomó desprevenidos. Que cogió al Estado sin haber hecho una tarea fundamental: poner en marcha una estrategia de adaptación.
Ante la inacción y la imprevisión de décadas, el Gobierno Nacional ha salido —en medio de la tragedia invernal, cuyo manejo aún luce incierto— a buscar a quién echarle la culpa; y lo encontró: las Corporaciones Autónomas Regionales, para las cuales ya ha decretado controles sobre sus presupuestos y se anuncian intervenciones mayores.
Si bien existen reparos al manejo de algunas de las CAR, enfocar en este momento la culpabilidad en ellas es una solución simplista, efectista y miope que no resuelve los problemas que estamos viviendo y que desconoce sus causas, su dimensión y sus complejidades. Es, también, una solución que desconoce las realidades y la diversidad de esas Corporaciones. Si algunas de ellas pueden haberse convertido en fortín politiquero y fuente de corrupción, otras son instituciones ejemplares. Vale la pena anotar, además, que las más visibles no son necesariamente las más pulcras; y que muchas de las menos visibles esconden casos ejemplares de gestión responsable del medio ambiente.
El problema del cambio climático es un asunto que supera, de lejos, el ámbito de las autoridades ambientales, nacionales y regionales. Para enfrentar sus consecuencias y para asegurar que las regiones y sus habitantes puedan adaptarse se requiere de la acción coordinada de todo el Estado. La estrategia debe basarse en el reconocimiento de que aunque es poco lo que nos corresponde en materia de mitigación del cambio climático —pues nuestra capacidad para disminuir la concentración atmosférica de gases con efecto de invernadero es irrelevante—, nadie puede hacer por nosotros la tarea de dotar las regiones y a sus pobladores de la capacidad necesaria para adaptarse a un fenómeno en marcha y probablemente irreversible. Es una tarea que debe incluir la acción decidida y coordinada de, por lo menos, los sectores de energía, agricultura, vivienda, salud e infraestructura.
No se trata simplemente de hacer cambios en la estructura, presupuesto y gobierno de las CAR. Ni de crear oficinas ambientales en los ministerios. Ojalá fuera tan fácil. Se trata de asegurar que las políticas, inversiones y regulación de los distintos sectores de la economía apunten, de manera coordinada, a la construcción de una sociedad capaz de adaptarse a un entorno climático cambiante. El fenómeno del cambio climático está para quedarse. El invierno que nos agobia no es un evento aislado, es parte de un proceso ampliamente reconocido y en plena marcha. La presencia de períodos climáticos de extremas lluvias y sequías será recurrente. Por ello, Colombia necesita una estrategia nacional sostenida en el largo plazo que convoque a todos los sectores y estamentos del Gobierno, en todos los niveles territoriales; y al sector privado. Para lo cual, naturalmente, se requerirán solvencia técnica y liderazgo.
Por El Espectador
