Cautela con los superpoderes en La Guajira

Estamos de acuerdo en la urgencia del Gobierno por intervenir en la crisis de La Guajira. Que la Corte Constitucional haya decretado un estado de cosas inconstitucional en la región desde 2017, y no se haya solucionado nada, hace que la población de la zona esté en vulnerabilidad manifiesta. Siendo realistas, si la administración de Gustavo Petro no toma medidas urgentes es difícil ver cómo podría enfrentarse la situación. Dicho eso, ahora sobre Presidencia recae la enorme responsabilidad de no excederse en el uso de sus poderes, actuar con total transparencia y demostrar que el Gobierno central sí puede hacer cambios efectivos dentro de la institucionalidad.

Desde la declaración de la emergencia hay dudas sobre su constitucionalidad. No son gratuitas: la figura del estado de emergencia, contemplada en la Constitución, le otorga superpoderes al presidente y altera el equilibrio de los pesos y contrapesos. En esencia, permite que la Rama Ejecutiva suplante al legislador, expida decretos con fuerza de ley, reasigne presupuesto según su voluntad y suscriba contratos estatales. Por eso, tanto la Constitución como la Corte Constitucional han sido rigurosos en pedir que solo sea declarada en momentos extraordinarios. ¿Cumple la situación de La Guajira esta condición? La amenaza de un fenómeno de El Niño implacable y la ausencia de agua potable nos lleva a afirmar que sí. Sin embargo, la Corte tendrá la última palabra.

Lo que sí es claro es que el Gobierno tiene que ser muy cuidadoso con las medidas que decida implementar. Como contó El Espectador esta semana, hay preocupación de que, en plena época electoral, la declaratoria de emergencia suspenda la Ley de Garantías en un departamento azotado por la corrupción. Incluso si las decisiones que se tomen necesitan la contratación pública, Presidencia deberá garantizar la total transparencia de los procesos. Cualquier duda sobre lo que se esté haciendo puede ser una intervención indebida en el proceso democrático y un golpe certero a las buenas intenciones de la administración Petro.

Lo mismo puede decirse de los anuncios en el sistema de salud. “La venida aquí, como Gobierno, tiene como objetivo, ojalá no ilusorio, mirar cómo un gobierno puede sentar las bases de lo que podría ser ponerse en otro carril, del carril de la exclusión hacia el carril de la inclusión democrática”, dijo el presidente, y en los planes está intervenir el sistema de forma similar a como se plantea en la reforma que está en el Congreso. De nuevo, la crisis lo amerita y si se hace de forma transparente puede llevar a cambios útiles, pero el Gobierno no debe olvidar que hay discusiones importantes que se están dando en el Congreso y donde se piden cambios a su modelo.

La Guajira necesita una intervención. Años de desgobierno, de tragedias humanitarias y de enfrentamientos entre la comunidad y las autoridades han hecho que el departamento se atrase. Si la declaratoria de emergencia es un punto de quiebre, bienvenido. Pero que en Presidencia no olviden la responsabilidad de cautela que implica tener superpoderes.

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