Certificado de discriminación

A Colombia le falta mucho en tolerancia. Esto es demostrable observando las conductas diarias de, por ejemplo, los hombres con las mujeres, los empleadores con sus subalternos afrodescendientes o de la sociedad en general al negar derechos básicos de comunidades minoritarias como la LGBTI.

Todo esto es más grave cuando es un funcionario el que, de buenas a primeras, emprende acciones visiblemente discriminatorias contra miembros de la sociedad. Ahí llega el momento de poner el grito en el cielo. Porque no solamente ellos son representantes de la opinión pública, sino que son empleados públicos. Es decir, personas destinadas a hacer lo que la ley les mande. A aceptar que están comprendidos dentro de un conjunto de reglas.

No sorprende —y esto es incluso más preocupante— que Alejandro Ordóñez persista en su errónea campaña de luchar contra el derecho de las mujeres a abortar. Ordóñez cava más profundo en su peligrosa equivocación, esta vez pidiendo al Consejo Superior de la Judicatura que le envíe los nombres de las mujeres que por vía de tutela han solicitado la práctica de interrupción involuntaria del embarazo.

¿Viable jurídicamente? No. Y el procurador lo sabe, porque fue la misma Corte Constitucional la que le dijo al Consejo Superior de la Judicatura, ampliando el alcance de su jurisprudencia y a petición de este último —096 de 2012—, las siguientes palabras: “la reserva de la identidad de la peticionaria opera en todo caso en que se interponga una tutela para exigir el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), con independencia del resultado del proceso”. Clarísimo.

Hace bien entonces el Consejo Superior de la Judicatura en negarse a remitirle los nombres. La reserva, por si acaso, no cobija aquellos casos en que el juez concluya que la accionante no se encuentra en las tres causales establecidas por una sentencia. Que es lo que, a juicio de la Corte, “parece entender el procurador general de la Nación”. Lo que se desvela es la subterránea intención de perseguir a quienes han obrado dentro de la ley pero contra sus particulares creencias. O cuando menos de asustarlas.

La noticia está muy relacionada con la petición —una proposición aditiva en el marco del control político a Canal Capital— que hizo el concejal del PIN Marco Fidel Ramírez, en la cual pregunta cosas absurdas, como: “¿Cuántos miembros de la comunidad LBGTI hacen parte de la nómina de Canal Capital actualmente? Anexe las hojas de vidas”, o “¿Cuáles son las asignaciones salariales o de honorarios de los miembros de comunidad LGBT dentro de Canal Capital?”. Increíble. Esto no solamente es una violación a la intimidad de los trabajadores, entre otros derechos superiores, sino que es una clara muestra de discriminación. ¿Por qué importa tanto que el Canal Capital incluya miembros de esta comunidad en su nómina? ¿Cuál es el interés en que se sepa esto? ¿Por qué habrá de ser relevante esto en un control político a las entidades del Distrito? ¿Qué importa si muchos, o pocos, o todos los empleados de una entidad son homosexuales? ¿O heterosexuales, para el caso?

No podemos permitir que en una sociedad que se dice a sí misma pluralista, nuestros propios funcionarios estén en consonancia con conductas discriminatorias. Menos cuando las introducen en sus funciones, camuflándolas. Si hay problema con la comunidad LGBTI o con el aborto, deberían emprender campañas democráticas en las que digan abiertamente que rechazan esas conductas y buscar extraerlas del ordenamiento. Por lo pronto, y por la dignidad de sus cargos, deben acoplarse a ellas y aceptarlas.

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