Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Que Colombia necesita actualizar su Código Electoral no justifica que este proceso se haga de manera rápida, sin los debates necesarios y otorgando superpoderes innecesarios a la Registraduría y la Presidencia. Eso, sin embargo, es precisamente lo que está pasando. A la necesaria modernización del código actual, que fue decretado en 1986, se le han colgado una serie de medidas que prendieron todas las alarmas. Básicamente, la Registraduría ha impulsado que se le otorgue un cheque en blanco al registrador y al presidente para expandir la burocracia, establecer las reglas electorales y llevar a cabo reformas que requieren mesura. Es una irresponsabilidad que el Congreso insista en aprobar con urgencia este proyecto.
Los cheques en blanco son peligrosos. Además, dan cuenta de una concepción errada y personalista del Estado. Cuando deberíamos estar fortaleciendo las instituciones, a los funcionarios de carrera administrativa, la meritocracia y la toma de decisiones de política pública a través de estudios serios, el Código Electoral que “se debate” en el Congreso pretende que el registrador y el presidente llenen, a su merced, muchos vacíos que deja la ley. Eso ha prendido con razón las alarmas y debería ser razón suficiente para abortar, por ahora, esta iniciativa.
Utilizamos las comillas para referirnos al “debate” pues, dada la urgencia impuesta por el Gobierno nacional, muchos parlamentarios han preferido el afán. En todas las entrevistas, el registrador nacional, Alexánder Vega Rocha, ha insistido en que la necesidad del Código Electoral es evidente. ¿Acaso no queremos modernizar el país? ¿Acaso no queremos profundizar la democracia?, parecen preguntar todos los defensores del proyecto. Pero eso, por supuesto, es un hombre de paja. La evolución de nuestro sistema electoral no puede hacerse a las carreras y confiando en que líderes individuales van a tener la suficiente sabiduría para tomar una serie de decisiones que deberían corresponderle al Congreso.
Como escribió Armando Novoa García, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, el proyecto no controla el clientelismo, pues “extiende la libre ‘remoción’ por ‘pérdida de confianza’ a los 1.120 registradores municipales”. Es decir, es un ataque directo a la carrera administrativa y la meritocracia, expande la burocracia de la Registraduría y vuelve superpoderoso al registrador, que puede despedir a quien se le antoje sin tener que lidiar con razones para hacerlo.
Hablando de superpoderes, el proyecto permite que el presidente modifique la estructura del Código Electoral, a pocos meses de las elecciones del 2022. Por su parte, el registrador podrá regular a su parecer el voto electrónico mixto y anticipado. ¿Por qué se cede esa potestad, que es del Congreso, a un solo funcionario sobre el que ya están recayendo muchas otras facultades?
Tenemos que dar el debate sobre la seguridad y modernización de nuestras elecciones, pero el proyecto actual no es la manera. El Congreso debería considerar ponerlo en el congelador y retomarlo, con más calma y como un proyecto más completo, el año entrante.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
