Claridad en el caso del galeón San José

En medio de las versiones interesadas sobre el rescate del famoso galeón San José, resulta muy oportuna la intervención del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, pues su deber es asegurarse de que el Gobierno y los posibles adjudicatarios del contrato para la intervención y conservación del naufragio cumplan a cabalidad con las normas vigentes.

Bien advierte el jefe del Ministerio Público, en su carta a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, que todo el proceso debe pasar por los filtros de la ley y de la ética. El presidente Juan Manuel Santos no debería permitir la adjudicación de una licitación tan importante para el país, que se cierra el 25 de mayo, apenas a dos meses largos de dejar el gobierno y en el marco de una polémica asociación público- privada, cobijada por la reserva. Ese principio de transparencia es una advertencia para cualquier funcionario, según la Ley 996 de 2005. Ese tipo de compromisos, este tasado en cerca de $200.000 millones, deben firmarse como mínimo a cuatro meses de terminar el mandato.

Santos y la ministra han insistido en que el proceso se ha ajustado a las normas de contratación y a las de patrimonio sumergido previstas en la Ley 1675 de 2013. Sin embargo, en la opinión pública persisten dudas no resueltas sobre el caso del galeón hundido en 1708 a 12 millas de Cartagena y considerado la cápsula de tiempo más importante para reestudiar la época de la Colonia. ¿Quiénes son realmente los inversionistas y el origen de los capitales ligados a la firma Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG, que ha venido trabajando con el Gobierno? ¿Quiénes son los interesados de Géminis Consultores SAS, que aparecieron a última hora para justificar el concurso público? ¿Hay alguna relación entre esos interesados y el actual Gobierno? ¿Cuál es el afán de adjudicar antes del 7 de agosto?

Sí. Ha habido audiencias públicas sobre el tema; se publicaron los pliegos de la licitación, que compromete al contratante a la conservación arqueológica a través de la construcción de un laboratorio; también se construirá un museo para que los colombianos aprendan del San José y para atraer turismo académico y comercial, en fin, los documentos aseguran que el beneficio científico, cultural y económico para el país será grande. Ojalá se cumpla. Pero de las inquietudes centrales, poco: ¿Cómo se intervendrá el naufragio y cómo se garantizará la integridad de cada pieza llevada a flote? ¿Cuándo y cómo el Consejo Nacional de Patrimonio decidirá qué es patrimonio sumergido de la Nación y de los colombianos y qué es tesoro comercializable? No hay que olvidar que el tesoro a bordo ha sido avaluado hasta en US$10.000 millones. Ahí está la almendra del debate, que el procurador reclama sea verdaderamente público. Sólo entonces sabremos con qué se quedarán los cazatesoros, punto central de la preocupación de Carrillo por un posible saqueo.

El Gobierno dice que la operación no le costará un peso al erario, porque la empresa privada asume los gastos y se le pagará con los bienes repetidos que estén a bordo. Y, ¿cuánto ha costado y costará la operación paralela de asesoría y vigilancia de la Armada Nacional, del Ministerio de Cultura y del Instituto Colombiano de Arqueología e Historia? Y otra advertencia del procurador: ¿El Gobierno, a través de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se está blindando para el litigio internacional que el rescate generará? La firma estadounidense Sea Search Armada anuncia que mantendrá sus antiguas demandas, incluida solicitud de embargo, mientras España está viendo cómo intervenir, aunque Colombia parece a salvo por no haber suscrito la Convención sobre Patrimonio Sumergido de la Unesco. Y eso que Perú y Panamá, países de los que provenía la mayoría del tesoro, guardan silencio a la espera de que salga a flote la primera moneda del San José.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

En medio de las versiones interesadas sobre el rescate del famoso galeón San José, resulta muy oportuna la intervención del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, pues su deber es asegurarse de que el Gobierno y los posibles adjudicatarios del contrato para la intervención y conservación del naufragio cumplan a cabalidad con las normas vigentes.

Bien advierte el jefe del Ministerio Público, en su carta a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, que todo el proceso debe pasar por los filtros de la ley y de la ética. El presidente Juan Manuel Santos no debería permitir la adjudicación de una licitación tan importante para el país, que se cierra el 25 de mayo, apenas a dos meses largos de dejar el gobierno y en el marco de una polémica asociación público- privada, cobijada por la reserva. Ese principio de transparencia es una advertencia para cualquier funcionario, según la Ley 996 de 2005. Ese tipo de compromisos, este tasado en cerca de $200.000 millones, deben firmarse como mínimo a cuatro meses de terminar el mandato.

Santos y la ministra han insistido en que el proceso se ha ajustado a las normas de contratación y a las de patrimonio sumergido previstas en la Ley 1675 de 2013. Sin embargo, en la opinión pública persisten dudas no resueltas sobre el caso del galeón hundido en 1708 a 12 millas de Cartagena y considerado la cápsula de tiempo más importante para reestudiar la época de la Colonia. ¿Quiénes son realmente los inversionistas y el origen de los capitales ligados a la firma Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG, que ha venido trabajando con el Gobierno? ¿Quiénes son los interesados de Géminis Consultores SAS, que aparecieron a última hora para justificar el concurso público? ¿Hay alguna relación entre esos interesados y el actual Gobierno? ¿Cuál es el afán de adjudicar antes del 7 de agosto?

Sí. Ha habido audiencias públicas sobre el tema; se publicaron los pliegos de la licitación, que compromete al contratante a la conservación arqueológica a través de la construcción de un laboratorio; también se construirá un museo para que los colombianos aprendan del San José y para atraer turismo académico y comercial, en fin, los documentos aseguran que el beneficio científico, cultural y económico para el país será grande. Ojalá se cumpla. Pero de las inquietudes centrales, poco: ¿Cómo se intervendrá el naufragio y cómo se garantizará la integridad de cada pieza llevada a flote? ¿Cuándo y cómo el Consejo Nacional de Patrimonio decidirá qué es patrimonio sumergido de la Nación y de los colombianos y qué es tesoro comercializable? No hay que olvidar que el tesoro a bordo ha sido avaluado hasta en US$10.000 millones. Ahí está la almendra del debate, que el procurador reclama sea verdaderamente público. Sólo entonces sabremos con qué se quedarán los cazatesoros, punto central de la preocupación de Carrillo por un posible saqueo.

El Gobierno dice que la operación no le costará un peso al erario, porque la empresa privada asume los gastos y se le pagará con los bienes repetidos que estén a bordo. Y, ¿cuánto ha costado y costará la operación paralela de asesoría y vigilancia de la Armada Nacional, del Ministerio de Cultura y del Instituto Colombiano de Arqueología e Historia? Y otra advertencia del procurador: ¿El Gobierno, a través de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se está blindando para el litigio internacional que el rescate generará? La firma estadounidense Sea Search Armada anuncia que mantendrá sus antiguas demandas, incluida solicitud de embargo, mientras España está viendo cómo intervenir, aunque Colombia parece a salvo por no haber suscrito la Convención sobre Patrimonio Sumergido de la Unesco. Y eso que Perú y Panamá, países de los que provenía la mayoría del tesoro, guardan silencio a la espera de que salga a flote la primera moneda del San José.

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