Llevamos años pidiéndolo en este espacio: las iglesias que estén en Colombia deberían pagar impuestos. No hay excusa para que patrimonios multimillonarios sean eximidos mientras el resto del país se aprieta el cinturón y en muchas ocasiones los púlpitos se han usado más como espacios políticos que para ayudar a las personas. Entendemos que es una medida impopular en un país donde la abrumadora mayoría de las personas profesan una religión, pero puede hacerse de manera inteligente, con tasas diferenciadas basadas en los patrimonios de cada parroquia y dándole un necesario valor al servicio social que muchas de ellas prestan.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sediento de encontrar maneras de recaudo, deja sin embargo este tema sin tocar: a Semana le dijo que “por nada del mundo” considerará un impuesto a las iglesias, que “la Iglesia siempre ha estado por fuera del sistema tributario” y que “este es un país que respeta todas las religiones. No nos vamos a meter en eso” porque “muchas iglesias tienen más bien falta de dinero. O sea, son poquitas las que tienen exceso de dinero”. El problema es que sus argumentos se caen por su propio peso.
Que las iglesias hayan estado exentas responde a la sobrecogedora influencia histórica de la Iglesia católica, que desde el Vaticano negoció beneficios tributarios que luego, por igualdad, se expandieron a las demás empresas. Pero que esa haya sido la realidad durante mucho tiempo no es una razón para seguir con el statu quo, más en un gobierno cuya reforma tributaria promete eliminar todas las exenciones injustificadas.
Es verdad que en Colombia se respetan todas las religiones, ¿por qué hablar de impuestos viola eso? No estamos pidiendo, por ejemplo, que solo se grave a las iglesias de cierta denominación, sino que con base en los patrimonios haya impuestos justos. Y es verdad que muchas parroquias apenas tienen los recursos para subsistir, por supuesto la idea no es asfixiarlas. Pero puede aplicarse el mismo modelo de las personas naturales propuesto por el Gobierno: un impuesto progresivo donde quienes tengan más ingresos o más predios paguen más. Con un añadido de reconocimiento por el servicio social que haga que la tasa baje o incluso lleve al no pago de impuestos.
Porque hay varias congregaciones que son operaciones multimillonarias y además ejercen un lobby político innegable —y esto es lo que no quiso decir el ministro, en parte porque varias de esas iglesias integran la coalición de gobierno—. Lo expuso Katherine Miranda, representante a la Cámara que ha impulsado el impuesto a las iglesias: “Es un descaro que algunos jueguen con la fe, se enriquezcan, participen en política y se nieguen a pagar impuestos”. Estamos de acuerdo.
Para que Colombia sea un país laico con un sistema tributario verdaderamente justo, donde los patrimonios más elevados aportan en su justa proporción, las iglesias multimillonarias deben pagar impuestos y ser mucho más transparentes sobre el dinero que manejan en sus arcas. Así el Gobierno tenga temor de dar esa discusión.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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Llevamos años pidiéndolo en este espacio: las iglesias que estén en Colombia deberían pagar impuestos. No hay excusa para que patrimonios multimillonarios sean eximidos mientras el resto del país se aprieta el cinturón y en muchas ocasiones los púlpitos se han usado más como espacios políticos que para ayudar a las personas. Entendemos que es una medida impopular en un país donde la abrumadora mayoría de las personas profesan una religión, pero puede hacerse de manera inteligente, con tasas diferenciadas basadas en los patrimonios de cada parroquia y dándole un necesario valor al servicio social que muchas de ellas prestan.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sediento de encontrar maneras de recaudo, deja sin embargo este tema sin tocar: a Semana le dijo que “por nada del mundo” considerará un impuesto a las iglesias, que “la Iglesia siempre ha estado por fuera del sistema tributario” y que “este es un país que respeta todas las religiones. No nos vamos a meter en eso” porque “muchas iglesias tienen más bien falta de dinero. O sea, son poquitas las que tienen exceso de dinero”. El problema es que sus argumentos se caen por su propio peso.
Que las iglesias hayan estado exentas responde a la sobrecogedora influencia histórica de la Iglesia católica, que desde el Vaticano negoció beneficios tributarios que luego, por igualdad, se expandieron a las demás empresas. Pero que esa haya sido la realidad durante mucho tiempo no es una razón para seguir con el statu quo, más en un gobierno cuya reforma tributaria promete eliminar todas las exenciones injustificadas.
Es verdad que en Colombia se respetan todas las religiones, ¿por qué hablar de impuestos viola eso? No estamos pidiendo, por ejemplo, que solo se grave a las iglesias de cierta denominación, sino que con base en los patrimonios haya impuestos justos. Y es verdad que muchas parroquias apenas tienen los recursos para subsistir, por supuesto la idea no es asfixiarlas. Pero puede aplicarse el mismo modelo de las personas naturales propuesto por el Gobierno: un impuesto progresivo donde quienes tengan más ingresos o más predios paguen más. Con un añadido de reconocimiento por el servicio social que haga que la tasa baje o incluso lleve al no pago de impuestos.
Porque hay varias congregaciones que son operaciones multimillonarias y además ejercen un lobby político innegable —y esto es lo que no quiso decir el ministro, en parte porque varias de esas iglesias integran la coalición de gobierno—. Lo expuso Katherine Miranda, representante a la Cámara que ha impulsado el impuesto a las iglesias: “Es un descaro que algunos jueguen con la fe, se enriquezcan, participen en política y se nieguen a pagar impuestos”. Estamos de acuerdo.
Para que Colombia sea un país laico con un sistema tributario verdaderamente justo, donde los patrimonios más elevados aportan en su justa proporción, las iglesias multimillonarias deben pagar impuestos y ser mucho más transparentes sobre el dinero que manejan en sus arcas. Así el Gobierno tenga temor de dar esa discusión.
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