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El boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín por parte de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido es, por supuesto, un performance que se enmarca en una disputa comercial mucho mayor, pero a la vez sirve para ubicar los reflectores sobre un problema que los países suelen ignorar para no enfurecer a la dictadura de Xi Jinping: los abusos de derechos humanos siguen siendo la constante en la segunda potencia mundial. Que todo se trate de un baile político entre el bloque de Occidente y China no le resta validez a la preocupación que cientos de organizaciones de la sociedad civil han expresado. El genocidio de los musulmanes uigures es uno de los muchos atropellos que China silencia con su poderío económico.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que los cuerpos diplomáticos de Estados Unidos no irán a Pekín en febrero de 2022. “La presencia de la representación diplomática estadounidense en los Juegos sería como si no hubiera pasado nada, a pesar de las flagrantes violaciones de los derechos humanos y las atrocidades de China en Sinkiang”. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, dijo por su parte: “Estamos extremadamente preocupados por las violaciones a derechos humanos llevadas a cabo por el gobierno chino”. Lo propio hizo el Reino Unido.
En su estilo de respuesta habitual, China contestó que se está violando “la neutralidad del deporte”, que “habrá consecuencias” y que, en palabras de Wang Wenbin, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, el hecho de “que vengan o no, a nadie le importa”.
Empero, sí importa. Y mucho. La creciente influencia global del Partido Comunista Chino se ha construido a partir de un puño de hierro que censura cualquier tipo de mensaje que lo critique. Hace unas semanas, cuando la tenista china Peng Shuai escribió en redes sociales que fue abusada por un funcionario cercano a Xi Jinping, los censores tardaron 20 minutos en desaparecer por completo las publicaciones. Lo mismo hacen con millones de mensajes por día. Ha llegado a tal punto el ridículo, que las imágenes de Winnie Pooh, caricatura que es utilizada para representar a Xi Jinping, son consideradas criminales. En Hong Kong, por la influencia del Partido Comunista Chino (PCC), se ha encarcelado a supuestos terroristas cuyo único crimen es pedir democracia.
Quienes defienden a China dicen que todo es un plan de desinformación para contrarrestar su abrumador crecimiento económico. Pero el PCC es el que ha convertido el autoritarismo digital en todo un arte. Sus campañas de desprestigio por Europa, África y todo el continente americano trabajan para desacreditar a sus enemigos. En casa tienen mucho más control. Son conocidos los relatos de musulmanes uigures, sometidos en centros de “reeducación”, que cuentan cómo todo el sistema está diseñado para silenciarlos y, si hablan, para destruir por completo su reputación. No se puede hablar de China y su crecimiento económico sin ver las violaciones a los derechos humanos que cometen.
La estrategia económica funciona. Hoy casi ningún país se atreve a alzar la voz sobre China. El gobierno de Iván Duque, por ejemplo, guarda un silencio cómodo. Pero las violaciones de derechos humanos tienen que denunciarse. La crueldad importa, donde sea que esta ocurra.
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