27 Aug 2022 - 5:00 a. m.

Coherencia con el derecho al aborto

Hizo bien la Cancillería en retirarse del Consenso de Ginebra, pero la coherencia del Gobierno se medirá en las acciones que tome para hacer realidad el derecho al aborto. / Fotografía: Óscar Pérez.
Hizo bien la Cancillería en retirarse del Consenso de Ginebra, pero la coherencia del Gobierno se medirá en las acciones que tome para hacer realidad el derecho al aborto. / Fotografía: Óscar Pérez.
Foto: Óscar Pérez

Uno de los últimos actos de incoherencia institucional y desafío a la división de poderes realizado por el gobierno del ahora expresidente Iván Duque fue haber firmado la Declaración del Consenso de Ginebra en mayo pasado, sin duda un acto fomentado por el entonces embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez. El Consenso es una alianza de países que reafirman “que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos”. Se trataba de una profunda contradicción: mientras en Colombia la Corte Constitucional dijo que el aborto es libre hasta la semana 24 y después de ese plazo aplican las tres causales que hemos tenido por más de una década, la diplomacia colombiana se oponía a un derecho fundamental de las mujeres y personas gestantes. No tenía ningún sentido.

Hizo bien, entonces, el Viceministerio de Asuntos Multilaterales al enviar una carta retirándose de la declaración. En un comunicado del 22 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que “el Gobierno de Colombia ha decidido rescindir su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra a partir de la fecha de la presente comunicación”. Más importantes fueron las razones explicadas en la misiva: “El Gobierno reconoce, respeta y protege derechos de mujeres y niñas. De acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia de la Corte, el derecho al aborto legal y seguro es parte integral de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva de la mujer”. Es lo mínimo: respetar la decisión de la Corte Constitucional.

Ahora, sin embargo, la pregunta es qué hará el Gobierno de Gustavo Petro para implementar el derecho al aborto en Colombia. Tenemos suficientes diagnósticos: las mujeres y personas gestantes siguen con temor de acudir a las EPS por recibir malos tratos y las más vulnerables no tienen fácil acceso a espacios donde puedan ejercer su derecho a la interrupción del embarazo de forma segura, los prestadores de servicios de salud están llenos de prejuicios y se inventan obstáculos, el aborto por medicamentos no se está recetando en muchos casos en que podría aplicarse, no hay programas de información pública sobre el derecho al aborto e incluso hay contracampañas políticas y culturales que llenan de miedo a quienes necesitan interrumpir sus embarazos. Proteger la salud de las mujeres y personas gestantes va mucho más allá de las declaraciones políticas; se necesita una intervención a nivel nacional y local para cambiar el sistema de salud y para fomentar el respaldo cultural al aborto.

En sesión reciente del Congreso sobre el tema, Jaime Urrego, viceministro de Salud Pública, dijo: “Vamos a diseñar una ruta muy rápida para que en los primeros 100 días haya noticias que empiecen a mostrar que el rumbo señalado con la Corte no es juego, sino que estamos comprometidos con cumplirlo”. Entonces, estamos en veremos, mientras que en el día a día mujeres y personas gestantes siguen padeciendo obstáculos al cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional. El Gobierno debe recordar que se trata de un asunto urgente del que dependen muchas vidas. El aborto en Colombia es legal, seguro y debe ser proporcionado por el sistema de salud sin traba alguna. ¿Alcanzaremos pronto ese objetivo?

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