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La prohibición de las corridas de toros refleja un cambio cultural que tuvo un arduo camino para materializarse. A pesar de que las voces que se oponen plantean preocupaciones válidas sobre libertades individuales y bienestar financiero, el apoyo abrumador que recibió en el Congreso el proyecto de ley que ahora pasa a conciliación muestra que se construyó un nuevo paradigma de entender la ponderación de derechos. Lo que acaba de hacer Colombia es decir que la dignidad de los animales, entendidos como seres sintientes, debe primar por encima de una tradición de siglos.
Colombia era uno de los únicos ocho países del mundo donde la tauromaquia seguía siendo legal, junto con España, Ecuador, Francia, México, Perú, Portugal y Venezuela. Durante años se utilizaron los argumentos de la tradición y la libertad individual para defender la práctica. En el Congreso de la República se hundieron casi 14 proyectos de ley que buscaban prohibir las corridas de toros en las últimas tres décadas, demostrando que había una voluntad de conservar la permisibilidad. Sin embargo, con el paso de los años también se fue erosionando el apoyo de la mayoría de la sociedad a la práctica. A medida que se ha incrementado la conciencia sobre los derechos de los animales como seres sintientes, la tauromaquia se presentaba como una incoherencia: ¿cómo se puede permitir un espectáculo donde el final es la muerte de un toro?
Por eso, es llamativo que el proyecto de prohibición haya sido aprobado en la Cámara de Representantes con 93 votos a favor y dos en contra. Se trata de un inusual gesto de unidad y consenso en una cámara legislativa cada vez más polarizada. Se puede leer como la democracia representativa reconociendo que los valores del país han cambiado y que ahora hay una sensibilidad mayor al sufrimiento animal.
Así lo explicó Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico y autora del proyecto de ley, a El Espectador: “No solo Colombia, sino la humanidad en general va hacia un camino en el que cada vez somos más conscientes de que los animales sienten lo mismo que nosotros, que son seres sintientes y debemos respetarlos y no debemos utilizarlos para nuestro goce o disfrute”. Su argumento fue adoptado por un grupo amplio de otros congresistas.
Hay, claro, preocupaciones y consideraciones. El proyecto de ley reconoce que hay personas que viven de empleos relacionados con la tauromaquia que necesitarán un plan de transición para no perder su subsistencia. Se habla, además, de convertir los espacios en los que se hacían las corridas en centros culturales, pero aún no es claro de dónde vendrá el presupuesto. Si en la regulación que se haga de la ley se falla en estos puntos, habrá un componente humano que quedará en el limbo.
Finalmente, está el argumento de la libertad. Leandro Segura, presidente de la Unión de Toreros de Colombia, dijo que el proyecto de ley “va en contra del libre derecho al trabajo y de los sueños que uno tiene”. Es cierto que el Estado está entrando a regular una práctica cultural que ha sido permitida durante años, pero no hay derechos absolutos. En la ponderación entre quienes gozan de la tauromaquia y el sufrimiento de los toros, Colombia está diciendo que privilegia a los segundos. Se trata de una decisión valiosa.
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