Como contó El Espectador, es muy probable que los Nule, famosos por el carrusel de la contratación que defraudó las arcas de los bogotanos, no le paguen al Estado el dinero que le deben porque, curiosamente, no hay bienes a su nombre que se puedan embargar.
Esa es la historia que hemos visto repetirse en los casos de corrupción. Las pocas condenas que se han conseguido terminan estrellándose con la realidad de que no hay manera de cobrar lo que deben los corruptos por concepto de reparación. Viene a la memoria, por citar un caso cantinflesco, Hugo Aguilar, quien, pese a deberle a la nación 10.750 salarios mínimos (más de $6.300 millones), andaba por Bucaramanga en un vehículo Porsche.
Ahora que los funcionarios de Odebrecht están colaborando con la justicia y pidiendo perdón en cada oportunidad que tienen, hay que celebrar que esos procesos se vean impulsados por la información que ellos otorguen. Sin embargo, no puede permitirse que esa multinacional vuelva a participar en licitaciones colombianas. Esa debe ser su sanción. Que todas las empresas corruptas entiendan el mensaje: basta que incurran una vez en irregularidades para perder la oportunidad de hacer parte del sistema de contratación en Colombia. ¿O vamos a seguir permitiendo que a los corruptos les salga barato ser descubiertos?
Volviendo a los Nule, esa parece ser la realidad de lo que va a ocurrir. Guido Nule obtuvo libertad condicional solo siete años después de haber sido condenado, para pasar a vivir en un exclusivo barrio de Barranquilla. Mauricio Galofre solo pagó ocho años para obtener también ese beneficio. Mientras tanto, Miguel Nule le dijo a El Heraldo que es el Distrito de Bogotá quien les debe dinero a ellos.
La Corte Suprema de Justicia le impuso una multa individual a los Nule de $13.055 millones; a Galofre lo multó por $10.699 millones. Por su parte, la Contraloría determinó que los Nule debían pagar $10.944 millones de los $174.996 millones que, según la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de ese organismo, perdió la ciudad por cuenta de sus actuaciones. El problema, como lo mencionamos, es que cuando fueron a buscar los bienes de los condenados, encontraron cuentas bancarias vacías.
El Congreso está en mora de aprobar reformas anticorrupción que castiguen con vehemencia a quienes sean condenados por estos actos. También deberían establecerse reglas que sancionen a las empresas que incurran en estas irregularidades, como una prohibición a volver a contratar con el Estado.
Los colombianos están cansados de ver cómo , pese a las condenas, al final los corruptos terminan ganando.
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Por El Espectador
