Comienza la restauración

El concepto negativo emitido el pasado viernes por la Corte Constitucional ha cerrado un capítulo oscuro para la estabilidad institucional del país, durante el cual se pretendió imponer el “todo vale”. Más allá de que se haya cerrado el camino a la perpetuación en el poder con sus malignas consecuencias tantas veces señaladas, el gran significado de esta decisión histórica ha sido la demostración de que, a pesar de estos años de debilitamiento, las instituciones en Colombia están vivas y no le bajan la cabeza al poder, las dádivas o las encuestas.

Se quejan los promotores del referendo, tomando la vocería de los cerca de cinco millones de colombianos que lo firmaron, de que la Corte le ha cerrado el paso a la voluntad popular y con ello les ha asestado un golpe mortal a los mecanismos de participación ciudadana dispuestos en la Constitución. Aparte la ironía de este celo tardío en defensa del respeto a la Carta, la tesis resulta falaz. Porque no fue el mecanismo sino la manera torpe e ilegal en que se tramitó lo que estuvo bajo escrutinio y obligó a la Corte a tomar la única decisión posible en derecho. No sale entonces debilitada la participación ciudadana, sino antes bien fortalecida en tanto queda de presente que el camino de la imposición a cualquier precio, aun soportada en las mayorías, no está permitido en nuestro arreglo como sociedad.

Pero, tan importante como haber considerado insubsanables los muchos vicios de procedimiento y financiamiento en que incurrieron los promotores del referendo, es el precedente que a futuro ha sentado la Corte en su fallo, en el sentido de que con el solo poder de las mayorías no se puede sustituir la Constitución. El abismo que estuvo recorriendo el país todo este tiempo ha desaparecido y se ha cerrado el paso a la eventualidad de movimientos del mismo tenor en los años por venir. El apego a las reglas ha quedado claro, es parte esencial del juego democrático.

Muy importante, en ese sentido, ha sido la reacción inicial del presidente Uribe a la decisión, acatándola y dejando expreso —en contra del pensamiento que nos venían vendiendo algunos de sus cercanos colaboradores o el mismo Procurador en su insólito concepto, desechado de plano por la Corte— que la voluntad ciudadana no puede sobrepasar los límites que le impone el respeto al Estado de derecho. El mensaje que ha mandado Colombia esta semana, de un país en el que la separación de poderes funciona y se respeta, resuena hoy en el ámbito latinoamericano, tan dado en algunos países a seguir el camino que hasta la semana pasada aquí se nos sugería.

Es verdad que el daño institucional fue grande durante todo este largo tiempo de incertidumbre política, pero el fallo lo detiene y convoca a comenzar el trabajo de restauración que, de hecho, con él se inicia. No es momento para mirar hacia atrás, sino hacia un futuro de unidad que supere la polarización a la que hemos llegado. En lo inmediato, la contienda electoral se despeja con varios candidatos de primer nivel, que han venido preparando sus propuestas y ahora podrán desarrollar una campaña relámpago por la Presidencia de la República. Central será la actitud del propio presidente Uribe para liderar un proceso democrático transparente y equilibrado de transición, en el que su legítima aspiración a que continúen sus políticas no interfiera en manera alguna. Que el aire refrescante que emana de la vigencia de nuestro arreglo institucional nos guíe a todos en esta tarea de restauración.