Quisiéramos enfocarnos, más bien, en las reacciones que el fallo ha producido. A favor y en contra, como es debido en un polémico proceso como éste. Pero las que han estado en contra han sido bastante publicitadas debido a sus autores: Juan Manuel Santos, el presidente de la República, máxima cabeza de la Rama Ejecutiva, es uno de ellos. Y así algunos miembros de su gabinete: desde Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, hasta Juan Carlos Esguerra, de la cartera de Justicia y Derecho, a través de varias declaraciones a la prensa.
Durante el lanzamiento de la política de gratuidad educativa, Santos dijo que él era respetuoso de los fallos de la justicia, pero que no tenía ningún sentido jurídico, ni de ninguna naturaleza, exhortar a la Corte Penal Internacional a que hiciera seguimiento al caso del expresidente Belisario Betancur. Y le presentó excusas públicas a él. Y sobre el Ejército lo mismo: “ponerlo en la picota pública a que pida perdón, más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos”.
Creemos que la actitud de Santos no es la mejor. No solamente porque se enfrenta de una decisión que, como miembro del Ejecutivo, debería acatar sin ninguna consideración, y porque también hace sentir una especie de roce renaciente con la justicia, un asunto que costaría mucho a este país en términos democráticos. Pero sobre todo es el mensaje subyacente. Ese mismo que la sociedad, también, tiende a ver cuando se discute el problema de la retoma del Palacio de Justicia y el posterior juzgamiento de los militares involucrados: cuando es tomado como un ataque frontal al Ejército.
Y no. Aquellos que piden justicia en este caso, que ya lleva casi 30 años en un misterio total, saben que el culpable de la toma fue el M-19, y también que el Ejército debía recuperar la soberanía nacional en ese momento. Saben que el Ejército sí tiene miembros honorables que, como dice Santos, han rescatado muchas veces al país de los ataques de los alzados en armas. Pero así como saben esto, creen que las Fuerzas Militares, como defensoras de la ley, deben actuar dentro de ella, respetando los derechos humanos y las leyes que alrededor de las acciones militares giran. Pedir justicia por lo sucedido en el Palacio de Justicia no es un ataque contra las Fuerzas Armadas: es recalcar y castigar un error que cometieron algunos de sus miembros durante esos dos oscuros días de noviembre de 1985. Es una forma de cerrar ese capítulo para que eventos de esa clase no vuelvan a ocurrir nunca más.
Algunos miembros de la Fuerza Pública, el presidente y la sociedad en general deberían entender que el problema no es blanco o negro, sino que en él caben los más delicados matices. Y este es uno de ellos. Que se pida perdón por un craso error no implica de ninguna forma que los colombianos pierdan su fe o sentido patriótico frente a las Fuerzas Militares.
Por último quisiéramos llamar la atención en algo que es muy grave: aún estamos hablando de un hecho ocurrido hace mucho tiempo. Aún le dedicamos espacios periodísticos, conversaciones de pasillo y declaraciones de mandatarios. Aún se hacen investigaciones y documentales sobre el tema. Y esto es indignante. Da mucha lástima hacer una revisión global y pensar que el problema no ha sido resuelto, que los desaparecidos continúan en una incógnita y que, finalmente, aún no se sabe qué pasó en ese recinto el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
Por El Espectador
