El partido Comunes está pidiendo pista en las coaliciones que se están conformando por estos días para las elecciones de 2022. Su argumento es claro y merece ser discutido: quienes defendieron el Acuerdo de Paz deben, también, estar dispuestos a construir espacios de representación política de los excombatientes. Sin embargo, la respuesta ha sido fría por parte de las demás fuerzas políticas. En parte, es cierto, por los estigmas fomentados por los enemigos del proceso de La Habana. Pero también porque el pasado no perdona y consideramos que han faltado gestos importantes de reconocimiento de ese pasado desde la dirección de los ex-Farc para ganarse la confianza de los colombianos.
Empecemos por los puntos de encuentro. La representación política fue uno de los elementos esenciales del Acuerdo de Paz. Esto era apenas razonable. Las Farc nacieron de un acto de agresión y exclusión política, luego vieron cómo la Unión Patriótica fue aniquilada y a lo largo de los años estuvieron buscando el derecho a tener voz dentro del debate público colombiano. Por eso, las curules asignadas y el reconocimiento a su partido político eran medidas necesarias para empezar cualquier proceso de reconciliación. Por eso mismo, no se les debería cerrar la puerta de forma automática. Especialmente, pensando en las decenas de miles de excombatientes que han cumplido lo pactado y le están apostando a la democracia colombiana.
En ese sentido, estamos de acuerdo con lo que le dijo la senadora Victoria Sandino a El Espectador: “Hay que reconocer un aspecto fundamental, y es que por ese Acuerdo y paso que dimos los que estábamos alzados en armas es que hemos logrado, con toda la sociedad, abrir unos mínimos canales para que los sectores alternativos sean una opción”.
Dicho eso, la dirigencia política de Comunes ha fallado en leer al país. Sí, es cierto que la guerrilla tuvo durante su historia un componente político. Pero también es verdad que incursionaron en el narcotráfico, asesinaron a muchos colombianos, cometieron crímenes de guerra como los secuestros y, por las lógicas de la justicia transicional, ni siquiera han pagado las penas mínimas acordadas en La Habana. Entonces, muchos colombianos sienten, con razón, que no se les ha cumplido una promesa básica del pacto de paz: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Esa consideración nos parece suficiente para no querer hacer pactos políticos con un partido cuya dirigencia es la misma del Secretariado, que sienta en el Congreso a las mismas personas que están siendo responsabilizadas por la JEP y que no ha aceptado los cargos ni iniciado los procesos de reparación. No se puede demandar una renovación política si los rostros propuestos por Comunes son los mismos que lideraron la guerra y que tienen cuentas pendientes con la justicia.
Sabemos que hay diferencias sobre esta interpretación. Desde Comunes dirán que estamos menospreciando su labor con la paz y jugando a la estigmatización. Pero ser aliado del Acuerdo de La Habana y entender la importancia de la representación política no significa abandonar la solicitud necesaria de justicia y reparación. Una recomendación sería aprovechar las curules asignadas para potenciar nuevos liderazgos, rostros que representen sus ideas y que permitan al partido y al país pasar la página del conflicto.
Mientras eso no cambie, es apenas natural que las puertas políticas se mantengan cerradas. Como en el Acuerdo, para que los colombianos cedan, los miembros de Comunes tienen que también dar muestras de cambios profundos.
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