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Comunidades que se resisten a la guerra

EN RIOSUCIO, CHOCÓ, A DONDE SE llega por caminos de fango o navegando por el río Atrato, los muertos se contaban de a cientos.

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El Espectador
24 de noviembre de 2010 - 11:07 p. m.
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Entre 1997 y 2005, el Ejército Nacional enfrentó a las Farc, que habían sido por más de 20 años dueñas del territorio y a los más recientes paramilitares. El fuego cruzado espantó a buena parte de sus habitantes. En 2000, desafiando los fusiles, un grupo de mujeres decidió quedarse. Comenzaron vendiendo caldo de gallina para recoger el capital con el que esperaban fundar un taller de modistería. Cada una ponía los ingredientes que podía y lo vendían a las afueras de las discotecas, a veces incluso a los mismos que habían asesinado a sus familias. Con lo que ganaban, ahorraban para comprar bicicletas, ollas y ventiladores, que luego rifaban en las esquinas. Así fueron construyendo el milagro. Hoy, 10 años después, Mujeres Riosuceñas Construyendo Paz (Macoripaz) es una asociación de 400 mujeres, muchas de ellas viudas de la guerra, que sueñan ahora con mandar a sus hijos a estudiar a las ciudades para que se devuelvan y conviertan a Riosucio en el municipio más próspero del Chocó.

A orillas del río Cimitarra, donde confluyen 120 veredas de cuatro municipios de Bolívar, Santander y Antioquia, un grupo de campesinos lograron sustituir ellos mismos sus cultivos ilícitos. “Antes todo esto era puro humedal y ahora tenemos un proyecto de viviendas que contrató un buldócer para quitar ese cerro, construimos esas casas, todas tienen agua y servicios”, asegura un campesinos de Puerto Matilde, uno de los pocos municipios a los que se puede llegar en menos de un día. Este caserío y otros proyectos responden al esfuerzo de la Asociación Campesina del Valle de Cimitarra, que nace de una gran marcha en 1996 cuando, ante la ausencia del Estado, los habitantes de esta región decidieron construir ellos mismos su futuro. Ahora ya no se ve coca, sino extracción de madera, cría de búfalos y ganado, cultivos de maíz y minería artesanal. “Ya estamos a punto de terminar el trapiche para sacar panela para consumo de nosotros y la melaza para las vaquitas”, asegura otro de ellos.

La Asociación Campesina del Valle de Cimitarra, junto a Macoripaz, son las dos instituciones que recibieron ayer el Premio Nacional de Paz 2010. Desde su creación en 1999, este premio se ha instituido como un instrumento para promover la humanización y el entendimiento civilizado en el país. Cada año se otorga a personas o entidades que ayuden de manera destacada a desarrollar y concretar procesos en la solución del conflicto armado. Los 70 millones que se otorgan junto con el premio deben ayudar a incentivar el trabajo de aquellos que han sabido resistirse a la guerra. También recibieron reconocimiento la Corporación VallenPaz, a la que se le concedió mención de honor por su ayuda a comunidades afectadas por el conflicto, y el premio honorífico lo recibió la Iglesia Católica por la labor en defensa de la vida de monseñor Nel Beltrán, obispo de Sincelejo; monseñor Luis Augusto Castro, arzobispo de Tunja, y monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de Magangué.

El hecho de que el premio a las instituciones haya sido compartido y el reconocimiento honorífico no lo haya recibido una, sino cuatro personas, es una buena señal del compromiso social que se ha venido asumiendo en el país. No es fácil superar el conflicto en medio de una violencia latente y asumir la labor de un Estado que, todavía hoy, permanece ausente para muchos. Sin embargo, como el lema de las mujeres de Macoripaz, “sí se puede”. Más específicamente, sí se puede dejar de huir y construir futuro a pesar de las dificultades del presente. No sólo reconocimiento merecen estas personas y comunidades, sino el más profundo agradecimiento, pues sin su compromiso, no habría avance ni ejemplo.

 

Por El Espectador

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