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El Gobierno de Gustavo Petro llega con los tiempos apretados, pero con el viento a su favor para aprobar una de sus principales reformas: la ley estatutaria sobre educación. La ministra del ramo, Aurora Vergara, ha realizado un trabajo titánico de conversación con todos los actores involucrados y, en la Comisión Primera del Senado de la República, demostró una apertura para conciliar posiciones con la oposición, cuando ya la iniciativa lucía condenada a hundirse. Eso permitió que el articulado aprobado en el tercer debate haya modificado algunas de las medidas que más resistencia producían, lo que genera un buen pronóstico para su aprobación final. Queda, sin embargo, la duda sobre la asignación presupuestal para entender la educación como derecho fundamental y está por verse si el Pacto Histórico estará dispuesto a aceptar las modificaciones introducidas.
Lo que ocurrió en la Comisión Primera muestra un Congreso dispuesto a deliberar. La oposición al Gobierno no presentó ninguna ponencia de archivo, sino que tanto Cambio Radical como el Centro Democrático hicieron sus propias propuestas de aprobación con modificaciones. Eso llevó a que el Gobierno tuviera que sentarse a conversar para encontrar puntos en común que salvaran la ley estatutaria de caerse. El resultado final fue 19 votos a favor del proyecto concertado y ninguno en contra. Por ahí se encuentran pistas para la Casa de Nariño sobre cómo sí es posible aprobar reformas cuando se abre la puerta a ajustes razonables.
Está por verse, no obstante, si la ley logra ser aprobada antes del final de la legislatura. Hubo voces en el Pacto Histórico que se lamentaron porque, según ellos, las concesiones modificaron el objetivo progresista de la ley. Dado que solo queda un debate y al Gobierno Nacional se le acaban los días, esa reticencia podría generar obstáculos que hundan todo el articulado. En plenaria del Senado y en la eventual conciliación posterior, la pregunta que enfrenta el oficialismo es aceptar con pragmatismo una ley con modificaciones o correr el riesgo de que se hunda otra reforma más. Sería útil que los congresistas entiendan que enterrar los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación sería un error.
Especialmente, porque lo que se modificó en el tercer debate corrige varias preocupaciones serias que había sobre la ley. En primer lugar, se reconoce la educación terciaria, lo que abre la puerta a que el modelo educativo nacional se adapte a las necesidades del mercado laboral más allá de la universidad como única opción de preparación. En segundo lugar, se fortalece la autonomía universitaria y se abandona la idea de que la democracia exige que todos los rectores sean elegidos por voto popular de los estudiantes y profesores, algo que causó preocupación en los expertos en educación. En tercer lugar, se recupera la idea de un sistema educativo mixto, con aportes públicos y privados.
El Gobierno está a punto de anotarse un triunfo que puede demostrar cómo trabajar con el Congreso. La ley es positiva en cuanto consagra la educación como derecho fundamental, fomenta la expansión de la educación temprana y ayuda a modernizar el sistema. Debe aprovechar que la oposición estuvo abierta al diálogo para terminar la legislatura con una buena noticia para Colombia.
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