No necesitábamos una sentencia para saber que ha habido una violación sistemática del Acuerdo de Paz: los más de 270 excombatientes y firmantes asesinados son una cifra suficiente que debería causar vergüenza institucional. Dentro de todas las promesas que el Estado colombiano adquirió, la más básica y quizás importante, por ser esencial en todo acuerdo para cesar un conflicto, era la de brindar protección a quienes dejaban las armas para apostar a la democracia y la construcción de paz. No se ha cumplido, y la reciente sentencia de la Corte Constitucional es solo una ratificación de ello.
Siempre que hay denuncias sobre incumplimientos al Acuerdo de Paz, el gobierno del presidente Iván Duque y sus aliados políticos acuden a dos estrategias. Desde la Casa de Nariño argumentan que lo que han hecho es blindar lo pactado para llenar vacíos. Desde el Congreso y los debates públicos, líderes políticos suelen acusar de injerencia internacional a quienes profesan esas críticas, de complicidad con un pretendido “castrochavismo” y de violación a la soberanía del Estado. Las evidencias contradicen ambas posturas.
Hace poco el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, presentó un informe sobre el proceso de paz colombiano ante el Consejo de Seguridad. Las conclusiones, aunque presentadas con diplomacia, no fueron positivas. Especialmente preocupado por los asesinatos de excombatientes y de líderes sociales, el secretario general escribió que “de persistir estos niveles de violencia en regiones donde se esperaba que el Acuerdo trajera consigo transformaciones pendientes hace mucho tiempo, esa ventana de oportunidad histórica (de paz) podría cerrarse gradualmente”.
Ahora, la Corte Constitucional ha tomado una decisión histórica: decretar un estado de cosas inconstitucional en un punto de la implementación del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc. En síntesis, dice que el Estado ha traicionado lo pactado al no prestar protección suficiente a los excombatientes que han permanecido en la legalidad. Es cierto.
A escalas internacional y local, entonces, se llegó a la misma conclusión: estamos incumpliendo el Acuerdo. Aquí no hay injerencia sobre la soberanía ni conspiraciones ideológicas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo había advertido también: si los asesinatos de excombatientes se mantienen al mismo ritmo, para 2024 tendremos unos 1.600 homicidios de personas desmovilizadas, un 12 % del total que firmó la paz. Una tragedia nacional para el que la Fiscalía, la Policía y el Gobierno no han dado respuestas convincentes.
Es verdad que los asesinatos de excombatientes se enmarcan dentro de una crisis de seguridad más amplia debida a la creciente fuerza de las disidencias de las Farc, los carteles del narcotráfico y el Eln. Pero también sabíamos, por experiencias internacionales, que después de cada acuerdo de paz hay una cacería inhumana de los firmantes para sabotear lo pactado. El Estado colombiano hizo una propuesta sencilla: “Si ustedes dejan las armas, nosotros les garantizamos la seguridad”. El fracaso ha sido hasta ahora rotundo. Apostarle a la paz necesita más que lamentos públicos y discursos ambivalentes. Tenemos que solucionar el estado de cosas inconstitucional.
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