El presidente Iván Duque acaba de firmar una serie de decretos que modernizan, independizan y modifican la justicia penal militar. Se trata de una buena noticia y un gran avance para fortalecer y hacer más transparente el actuar de una jurisdicción que ha sido objeto de críticas, cuestionamientos y dudas por parte de la ciudadanía. Si en efecto los cambios administrativos consiguen agilizar los procesos ante la justicia penal militar y aumentar el número de decisiones, puede ser un aporte a reducir la impunidad en los casos que involucren a los miembros de la Fuerza Pública sospechosos de haber abusado de su poder o cometido otros crímenes.
Sobre la justicia penal militar hay múltiples frentes de críticas. Pero el consenso, tanto en quienes la defienden como en aquellos que buscan reformas más profundas, es que era necesario cambiar varios aspectos de su operación. Por ejemplo, fuentes internas de esta justicia, que hablaron con El Espectador a principios de este año, reconocieron dos grandes problemas: uno de capacidades tecnológicas y otro de falta de eficacia por ser una justicia supeditada al Ministerio de Defensa. Eso lleva a que en otros sectores vean con desconfianza el actuar de la jurisdicción y la acusen de ser un espacio propicio para perpetuar la impunidad.
Las cifras son dicientes. Datos recolectados por El Espectador muestran que en 2019 hubo 24.921 casos, es decir, al menos dos cada hora de cada día. En los primeros tres meses de 2020 ya se habían reportado 18.650. Sin embargo, y aquí es donde se ve el atasco de la jurisdicción, en 2019 apenas hubo 587 cortes marciales (audiencias de juzgamiento) y se expidieron tan solo 911 sentencias. Entonces, tenemos una justicia penal militar que atiende casos muy delicados, pues involucran a uniformados que habrían cometido delitos contra las personas a las que juraron proteger, pero se encuentra saturada y sin mucha capacidad de acción.
Por eso es que celebramos los decretos firmados por el presidente. Dentro de los muchos cambios, queremos destacar tres que son importantísimos. El primero y tal vez el más trascendente es que la justicia penal militar actuará de manera independiente al Ministerio de Defensa como un órgano autónomo. Eso significa que se convertirá en una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio. Esa distancia necesaria del Gobierno, esperamos, permitirá que la justicia penal militar deje a un lado las consideraciones políticas y pueda ser mucho más eficiente a la hora de llevar a cabo los procesos.
El segundo cambio también tendrá un efecto, esperamos, en la calidad de las investigaciones. Ahora la justicia penal militar tendrá su propio cuerpo técnico con labores de policía judicial, que reciba las denuncias y lleve a cabo todos los actos necesarios en los procesos. Es decir, tendremos una Fiscalía General Penal Militar y Policial. Si esta logra colaborar de manera activa con la Fiscalía General de la Nación, idealmente puede llevar al procesamiento de más casos.
El último cambio va de la mano con la modernización. El sistema penal acusatorio en la justicia penal militar empezará a implementarse por fases el 1° de enero del próximo año, con el objetivo de volverlo general para 2025. Esto va unido con una apuesta de mejorar la educación jurídica de los miembros de la jurisdicción, así como de las herramientas que tienen a su disposición.
Con todo esto, la justicia penal militar tiene el reto de empezar a darle más respuestas al país. El buen uso de su independencia puede ayudar a que los colombianos recobren confianza en ella. Eso esperamos.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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El presidente Iván Duque acaba de firmar una serie de decretos que modernizan, independizan y modifican la justicia penal militar. Se trata de una buena noticia y un gran avance para fortalecer y hacer más transparente el actuar de una jurisdicción que ha sido objeto de críticas, cuestionamientos y dudas por parte de la ciudadanía. Si en efecto los cambios administrativos consiguen agilizar los procesos ante la justicia penal militar y aumentar el número de decisiones, puede ser un aporte a reducir la impunidad en los casos que involucren a los miembros de la Fuerza Pública sospechosos de haber abusado de su poder o cometido otros crímenes.
Sobre la justicia penal militar hay múltiples frentes de críticas. Pero el consenso, tanto en quienes la defienden como en aquellos que buscan reformas más profundas, es que era necesario cambiar varios aspectos de su operación. Por ejemplo, fuentes internas de esta justicia, que hablaron con El Espectador a principios de este año, reconocieron dos grandes problemas: uno de capacidades tecnológicas y otro de falta de eficacia por ser una justicia supeditada al Ministerio de Defensa. Eso lleva a que en otros sectores vean con desconfianza el actuar de la jurisdicción y la acusen de ser un espacio propicio para perpetuar la impunidad.
Las cifras son dicientes. Datos recolectados por El Espectador muestran que en 2019 hubo 24.921 casos, es decir, al menos dos cada hora de cada día. En los primeros tres meses de 2020 ya se habían reportado 18.650. Sin embargo, y aquí es donde se ve el atasco de la jurisdicción, en 2019 apenas hubo 587 cortes marciales (audiencias de juzgamiento) y se expidieron tan solo 911 sentencias. Entonces, tenemos una justicia penal militar que atiende casos muy delicados, pues involucran a uniformados que habrían cometido delitos contra las personas a las que juraron proteger, pero se encuentra saturada y sin mucha capacidad de acción.
Por eso es que celebramos los decretos firmados por el presidente. Dentro de los muchos cambios, queremos destacar tres que son importantísimos. El primero y tal vez el más trascendente es que la justicia penal militar actuará de manera independiente al Ministerio de Defensa como un órgano autónomo. Eso significa que se convertirá en una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio. Esa distancia necesaria del Gobierno, esperamos, permitirá que la justicia penal militar deje a un lado las consideraciones políticas y pueda ser mucho más eficiente a la hora de llevar a cabo los procesos.
El segundo cambio también tendrá un efecto, esperamos, en la calidad de las investigaciones. Ahora la justicia penal militar tendrá su propio cuerpo técnico con labores de policía judicial, que reciba las denuncias y lleve a cabo todos los actos necesarios en los procesos. Es decir, tendremos una Fiscalía General Penal Militar y Policial. Si esta logra colaborar de manera activa con la Fiscalía General de la Nación, idealmente puede llevar al procesamiento de más casos.
El último cambio va de la mano con la modernización. El sistema penal acusatorio en la justicia penal militar empezará a implementarse por fases el 1° de enero del próximo año, con el objetivo de volverlo general para 2025. Esto va unido con una apuesta de mejorar la educación jurídica de los miembros de la jurisdicción, así como de las herramientas que tienen a su disposición.
Con todo esto, la justicia penal militar tiene el reto de empezar a darle más respuestas al país. El buen uso de su independencia puede ayudar a que los colombianos recobren confianza en ella. Eso esperamos.
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