Condena clave

Se trató de un proceso engorroso que se demoró casi tres décadas en llegar a la etapa final. En brindar justicia y memoria, que es lo que más quieren las poblaciones que han sido testigos de cómo un actor armado llega a su territorio y barre el piso con sus familiares y vecinos como si fueran desechos. Esa es la realidad. Pérez ya había sido investigado por la Fiscalía, pero su proceso no llegó a nada por la ineptitud de la justicia: los términos del proceso prescribieron en 2008. Increíble. Enhorabuena la Corte Suprema de Justicia retomó el caso, resolviendo el año siguiente que los delitos de lesa humanidad no prescribían y abriendo así la posibilidad de investigar mucho más.

Hemos usado este espacio en el pasado para referirnos a esa figura de la no prescripción de ciertos delitos: si bien su intención es buena, puede llevar a prácticas nefastas como que, en efecto, la investigación se dilate a perpetuidad y nunca se llegue a una verdadera justicia. La Corte Suprema de Justicia aquí dio el ejemplo contrario: cómo puede el instrumento servir para saldar cuentas frente a la lentitud que acosa a nuestro sistema judicial.

Así fue como la entidad llegó a evaluar el testimonio del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, quien habló de la relación del excongresista con altos mandos paramilitares (Henry de Jesús Pérez y Fidel Castaño, nada menos), con el fin de recuperar, a la fuerza, lo que había perdido en términos políticos en esa población antioqueña. Lo que nos recuerda, de paso, la relación macabra que existió entre los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y políticos representantes de la sociedad civil; la connivencia que, como un cáncer, se expandía por las ramas más altas del Estado colombiano.

Este es un fallo clave. No solamente porque devela la vinculación de un político que, a punta de bala y malas amistades, quería reconquistar el que otrora fuera su fortín político (como no dudamos que haya muchos más), sino por su significado para dos grupos poblacionales que necesitaban justicia: por un lado, los habitantes de Segovia, quienes, como harto ya se ha dicho, encarnaban en Pérez García la figura del victimario, y, por eso mismo, veían en él un símbolo de impunidad, una que durante casi treinta años no permitió ponerle nombre propio a quien fuera el autor intelectual de la masacre.

Por el otro lado están los familiares y simpatizantes del movimiento Unión Patriótica, probablemente el más emblemático de la izquierda colombiana, exterminado sistemáticamente en cuestión de unos años. “(La condena) deja sentada ante la sociedad colombiana la violencia que fue desatada contra este movimiento político y la forma en que fueron exterminadas sus bases populares y sociales”, se le oyó decir al congresista Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo.

Una brecha se ha cerrado. Tarde, sí, pero por fin muchos pueden respirar tranquilos. Ojalá hubiera más fallos de este talante en el país. La gente afectada lo merece. Ese es el reclamo más sentido de las víctimas de la violencia política.

Se trató de un proceso engorroso que se demoró casi tres décadas en llegar a la etapa final. En brindar justicia y memoria, que es lo que más quieren las poblaciones que han sido testigos de cómo un actor armado llega a su territorio y barre el piso con sus familiares y vecinos como si fueran desechos. Esa es la realidad. Pérez ya había sido investigado por la Fiscalía, pero su proceso no llegó a nada por la ineptitud de la justicia: los términos del proceso prescribieron en 2008. Increíble. Enhorabuena la Corte Suprema de Justicia retomó el caso, resolviendo el año siguiente que los delitos de lesa humanidad no prescribían y abriendo así la posibilidad de investigar mucho más.

Hemos usado este espacio en el pasado para referirnos a esa figura de la no prescripción de ciertos delitos: si bien su intención es buena, puede llevar a prácticas nefastas como que, en efecto, la investigación se dilate a perpetuidad y nunca se llegue a una verdadera justicia. La Corte Suprema de Justicia aquí dio el ejemplo contrario: cómo puede el instrumento servir para saldar cuentas frente a la lentitud que acosa a nuestro sistema judicial.

Así fue como la entidad llegó a evaluar el testimonio del paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, quien habló de la relación del excongresista con altos mandos paramilitares (Henry de Jesús Pérez y Fidel Castaño, nada menos), con el fin de recuperar, a la fuerza, lo que había perdido en términos políticos en esa población antioqueña. Lo que nos recuerda, de paso, la relación macabra que existió entre los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y políticos representantes de la sociedad civil; la connivencia que, como un cáncer, se expandía por las ramas más altas del Estado colombiano.

Este es un fallo clave. No solamente porque devela la vinculación de un político que, a punta de bala y malas amistades, quería reconquistar el que otrora fuera su fortín político (como no dudamos que haya muchos más), sino por su significado para dos grupos poblacionales que necesitaban justicia: por un lado, los habitantes de Segovia, quienes, como harto ya se ha dicho, encarnaban en Pérez García la figura del victimario, y, por eso mismo, veían en él un símbolo de impunidad, una que durante casi treinta años no permitió ponerle nombre propio a quien fuera el autor intelectual de la masacre.

Por el otro lado están los familiares y simpatizantes del movimiento Unión Patriótica, probablemente el más emblemático de la izquierda colombiana, exterminado sistemáticamente en cuestión de unos años. “(La condena) deja sentada ante la sociedad colombiana la violencia que fue desatada contra este movimiento político y la forma en que fueron exterminadas sus bases populares y sociales”, se le oyó decir al congresista Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo.

Una brecha se ha cerrado. Tarde, sí, pero por fin muchos pueden respirar tranquilos. Ojalá hubiera más fallos de este talante en el país. La gente afectada lo merece. Ese es el reclamo más sentido de las víctimas de la violencia política.