Una condena contra la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional muestra una inusual justicia contra los atropellos que uniformados llevaron en el marco del estallido social de 2021. El Juzgado 60 Administrativo de Bogotá encontró probado que a Santiago López Amaya, el 1° de mayo de 2021, lo perfilaron, retuvieron, asfixiaron, golpearon y aterrorizaron policías que estaban escudados bajo el propósito de “resguardar el orden”. Su único delito era ser un periodista observando lo que estaba ocurriendo en las calles. La decisión judicial, aunque es de celebrar, no va lo suficientemente lejos. Es necesario que en segunda instancia se tomen medidas de reparación simbólica y que se avance en la reforma de mecanismos internos en la Policía.
El estallido social de 2021 enfrentó a ciudadanos con la Policía. Avalada por discursos beligerantes desde el Ministerio de Defensa de la época y del mismo presidente de la República, Iván Duque, las protestas dieron paso a enfrentamientos. Algunas, sí, como ha demostrado la justicia, fueron infiltradas por actores criminales, pero también abundaron las detenciones arbitrarias, los ataques a personas inocentes que perdieron ojos e incluso la vida, y se mostró una Fuerza Pública con muchas dificultades para evitar los abusos dentro de sus filas. El caso de López Amaya puede ser paradigmático de todo lo que hizo mal el Estado en esos momentos tan difíciles para el país.
López Amaya, quien estaba cubriendo las protestas para el medio independiente Contradicción Duitama, fue retenido por los policías. Lo asfixiaron con su propio carné de comunicador, le gritaron durante más de una hora, le robaron la SIM del celular y, cuando lo liberaron, le dijeron que saliera corriendo. Actuaciones propias de una banda de atracadores, no de uniformados al servicio del país. La historia clínica muestra que tenía el codo izquierdo inmovilizado y tuvo contundentes golpes en las regiones “toracoabdominal, glúteo, muslo y en el cuarto dedo de la mano izquierda”.
El peor efecto, sin embargo, ha sido a largo plazo. Hablando con El Espectador, López Amaya explicó que “estamos hablando de un atentado contra la prensa, en sí misma, porque no he ejercido mi labor después de esto. He estudiado, pero en términos de hacer publicaciones y hacerlas evidentes ha sido imposible. Lo único que ha pasado es que me escondí. Me he autocensurado”. Esa es la historia de tantos otros periodistas que en Colombia han tenido que guardar silencio, esconderse, por miedo a los abusos en su contra.
Por eso la condena económica a los involucrados no es suficiente. Como explicó Ángela Caro, directora jurídica de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), es necesario “reconocer el impacto colectivo que tuvo la agresión y trazar lineamientos de política pública para que este tipo de agresiones no se repitan”. La Flip se unió a la apelación de la sentencia de primera instancia y esperamos que, en revisión, se expandan las medidas de reparación colectiva.
Lo angustioso es que la defensa de la Policía en este caso fue similar a la de tantos casos de abuso: negar lo ocurrido, decir que la víctima se golpeó sola y estigmatizarlo. Si no cambia esa aproximación cultural a los casos de violencia policial, es muy difícil hablar de libertad de prensa.
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