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Siguen muriendo mujeres, en Colombia, en América Latina y en el mundo entero, por culpa de abortos clandestinos fomentados por regulaciones restrictivas, dañinas, y por parlamentos incapaces de priorizar los derechos de las mujeres por encima de sus cálculos electorales. ¿Cuánto tiempo más va a continuar la hipocresía nacional con la interrupción voluntaria del embarazo?
El viernes pasado se celebró el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, iniciativa que lleva 28 años exigiéndoles a los gobiernos de la región que dejen de hacerse los desentendidos con un tema complejo que afecta la salud pública de las mujeres de cada país. El panorama jurídico y social en América Latina es, al mismo tiempo, esperanzador y muy frustrante.
Todavía hay cuatro países (El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Honduras) que prohíben por completo el aborto, lo que ha llevado a casos dolorosos y ridículos de mujeres perseguidas y encarceladas por haber tenido complicaciones durante sus embarazos.
Más allá de eso, abundan las despenalizaciones parciales que permiten abortar en algunos casos, como en Colombia, que tiene tres causales (salud de la mujer gestante, violación o malformación del feto). Esa situación, lejos de ser ideal, por lo menos es un avance pues ha permitido que los países hablen del tema.
Lo vimos en Argentina, donde más de un millón de mujeres se movilizaron pidiéndole al Congreso la despenalización total del aborto. Aunque el parlamento no estuvo a la altura del momento histórico, esgrimiendo argumentos lamentables para negar la aprobación del proyecto, se logró algo que será mucho más importante a largo plazo: se despenalizó el aborto en lo social.
Las conversaciones que arrancaron con ocasión de la movilización ciudadana, que trajeron a la luz las historias de las mujeres y sus motivos para abortar, que nunca son caprichosos ni mezquinos (como los conservadores suelen creer), sirvieron para destruir el estigma, y en ese país el apoyo popular a la interrupción voluntaria supera a quienes se oponen.
Algo similar ha ocurrido en Colombia, donde más de una década de despenalización parcial ha hecho que los colombianos, en robusta mayoría, estén de acuerdo con las tres causales.
Aun así, nuestro Congreso se ha negado a tomar las riendas del debate. Entre los 369 proyectos presentados desde el 20 de julio por los parlamentarios, ninguno habla del aborto y la despenalización total. ¿Creen acaso nuestros congresistas que no hay urgencia? Deben sacudirse: la clandestinidad sigue existiendo y cobrando víctimas; instituciones de renombre siguen obstaculizando el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos voluntariamente, causando sufrimientos que no son castigados.
La pregunta de fondo no es si debería haber aborto o no, pues las mujeres lo han hecho y lo seguirán haciendo, independientemente de su legalidad. El asunto es si el Estado debería intervenir en una decisión individual sobre sus cuerpos; si, además, no vamos a hacer nada ante un problema de salud pública que sigue causando estragos. ¿El temor a las repercusiones electorales es suficiente excusa para que el Congreso no dé este debate con responsabilidad, transparencia y empatía?
Mientras tanto, la Fiscalía reporta 5.344 colombianas que están siendo procesadas por el delito del aborto. Aunque todavía están en indagación, ¿es justo que pese sobre ellas esa espada de Damocles? ¿Queremos castigar con cárcel a mujeres que tienen múltiples buenas razones para interrumpir sus embarazos?
Tenían razón las argentinas al adoptar el lema de sus marchas, que parafraseamos: Colombia necesita educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Nota del director: este editorial se editó tras comprobar que una mención específica de las entidades de salud que no cumplen la ley resultaba injusta.
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