Mucho se habló en la campaña presidencial de la corrupción y la “mermelada”, pero rara vez se estudia el caso desde la perspectiva de los congresistas. Si bien es el presidente quien tiene la potestad de influir sobre las asignaciones presupuestales, son los parlamentarios los que fomentan la cultura política del “yo te voto, tú me ayudas en la región”.
Que la Rama Legislativa aparezca a menudo en el fondo de las mediciones de confianza de los colombianos no es gratuito. Qué refrescante sería que este nuevo Congreso se tome a pecho el reclamo por tener disputas ideológicas, no clientelistas.
El número de parlamentarios del Congreso pasado que han sido encarcelados o están en investigación debe enviarles un mensaje contundente a los nuevos congresistas: el país espera estatura ética y comportamientos intachables.
Este no es, por supuesto, el único tema en el que se centrará la atención de los colombianos.
Desde el punto de vista de las mayorías, es clave que los parlamentarios sigan la promesa del presidente electo de dar debates que inviten a la unión, que hagan concesiones a las posiciones diversas y que no terminen en un simple pupitrazo.
Será interesante ver, por ejemplo, cómo la alianza entre el Partido de la U y Cambio Radical pueda servir para, como dijo el senador Roy Barreras, “construir sobre lo construido” y hacer contrapeso dentro de las que probablemente serán las mayorías decisorias a favor de la agenda de la presidencia de Iván Duque. Entre más nutridos sean los debates, mejor para Colombia.
Por el lado de la oposición y de los partidos no alineados con el Gobierno, sobre ellos recae una responsabilidad histórica. Ahora que está en marcha el Estatuto de la Oposición y que la cantidad de parlamentarios tanto en Senado como en Cámara de Representantes no es para nada despreciable, tienen dos opciones: caer en la crítica terca y facilista, que tanto hemos visto a lo largo de los años en el país, o fomentar visiones claras de país. La polarización no puede seguir siendo la receta habitual de los líderes políticos, que obtienen réditos, pero perjudican a toda Colombia.
Finalmente, este Congreso debe ser responsable con el tema de la paz. El Acuerdo, refrendado por esa misma institución, tiene todavía muchas partes pendientes que están saboteando su implementación, con repercusiones preocupantes. Los parlamentarios deben ver lo pactado no como una política de gobierno, sino de Estado, donde la palabra del país está empeñada. Si empiezan a jugar a la política con esto, o no le otorgan la prioridad que merece, seguirán dándole razones al país para creer que no estuvieron a la altura de una coyuntura histórica.
Esperamos que estos cuatro años sean la oportunidad para recobrar la confianza perdida.
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