Conocer más y mejor lo que comemos no hace daño

Es increíble lo que hay que ver en Colombia. Por la llegada de Jesús Santrich al Congreso, el miércoles pasado, se levantó la sesión de discusión en la Cámara de Representantes como protesta. El problema es que, como consecuencia de ese acto, uno de los proyectos de ley que más debate ha generado en el país el último año puede hundirse sin ser discutido: la propuesta de modificar el etiquetado de los alimentos.

Si el proyecto de ley 214 del 2018 no es discutido por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes antes del 20 de junio, será archivado. Aunque los activistas y las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado la iniciativa prendieron las alarmas, la realidad es que, por agenda, es grande la posibilidad de que esto ocurra. Sería lamentable, pues el parlamento debe abordar un tema complejo que afecta directamente la salud de los colombianos y sus hábitos alimenticios.

La discusión sobre qué tipo de etiquetado les otorga más información a los consumidores ha generado fuertes tensiones. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha insistido en que la manera en que se presentan los datos nutricionales actualmente es suficiente, pero los críticos argumentan que los colombianos no tienen suficiente información para tomar decisiones con criterio.

Estamos de acuerdo. Presentar más información que les diga a las personas de manera clara y directa lo que necesitan o quieren saber sobre los valores nutricionales no puede ser una medida que se vea obstaculizada en el Congreso.

Hace poco, investigadores de las universidades Javeriana, Nacional, de Carolina del Norte (EE. UU.) y de Washington (EE. UU.) analizaron la información nutricional de 6.708 artículos empaquetados vendidos en los principales almacenes de cadena de Bogotá. Los hallazgos son angustiantes: el 80,2 % de los productos empaquetados que se ofrecen en Bogotá tienen exceso de uno o más nutrientes críticos si se comparan con el modelo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Si se sigue el modelo chileno, el porcentaje es del 66,4 %. ¿Los colombianos estamos al tanto de esto?

Por eso, es necesario cambiar la manera en que se presenta la información a los consumidores. Como explicó Mercedes Mora, una de las investigadoras del estudio citado, “la oferta de este tipo de comida tiene nutrientes adicionados en cantidades muy altas. Eso es grave porque la evidencia indica que hay una relación muy estrecha entre su consumo habitual y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares”.

Cambiar el etiquetado no afecta los derechos de la industria ni de los consumidores, ni tiene por qué hacerlo. A nadie se le está prohibiendo la compra de productos con exceso de nutrientes críticos. Nos parece productivo, en cambio, que en el país se trasladen estas discusiones a los hogares colombianos, justo en el momento de hacer el mercado. ¿Sabemos lo que estamos consumiendo? ¿Estamos conscientes de sus efectos? Se trata de un primer paso que debe ir acompañado de campañas educativas, por supuesto, pero hay que darlo. El Congreso debería darle prioridad antes del fin de la legislatura.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

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Es increíble lo que hay que ver en Colombia. Por la llegada de Jesús Santrich al Congreso, el miércoles pasado, se levantó la sesión de discusión en la Cámara de Representantes como protesta. El problema es que, como consecuencia de ese acto, uno de los proyectos de ley que más debate ha generado en el país el último año puede hundirse sin ser discutido: la propuesta de modificar el etiquetado de los alimentos.

Si el proyecto de ley 214 del 2018 no es discutido por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes antes del 20 de junio, será archivado. Aunque los activistas y las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado la iniciativa prendieron las alarmas, la realidad es que, por agenda, es grande la posibilidad de que esto ocurra. Sería lamentable, pues el parlamento debe abordar un tema complejo que afecta directamente la salud de los colombianos y sus hábitos alimenticios.

La discusión sobre qué tipo de etiquetado les otorga más información a los consumidores ha generado fuertes tensiones. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha insistido en que la manera en que se presentan los datos nutricionales actualmente es suficiente, pero los críticos argumentan que los colombianos no tienen suficiente información para tomar decisiones con criterio.

Estamos de acuerdo. Presentar más información que les diga a las personas de manera clara y directa lo que necesitan o quieren saber sobre los valores nutricionales no puede ser una medida que se vea obstaculizada en el Congreso.

Hace poco, investigadores de las universidades Javeriana, Nacional, de Carolina del Norte (EE. UU.) y de Washington (EE. UU.) analizaron la información nutricional de 6.708 artículos empaquetados vendidos en los principales almacenes de cadena de Bogotá. Los hallazgos son angustiantes: el 80,2 % de los productos empaquetados que se ofrecen en Bogotá tienen exceso de uno o más nutrientes críticos si se comparan con el modelo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Si se sigue el modelo chileno, el porcentaje es del 66,4 %. ¿Los colombianos estamos al tanto de esto?

Por eso, es necesario cambiar la manera en que se presenta la información a los consumidores. Como explicó Mercedes Mora, una de las investigadoras del estudio citado, “la oferta de este tipo de comida tiene nutrientes adicionados en cantidades muy altas. Eso es grave porque la evidencia indica que hay una relación muy estrecha entre su consumo habitual y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares”.

Cambiar el etiquetado no afecta los derechos de la industria ni de los consumidores, ni tiene por qué hacerlo. A nadie se le está prohibiendo la compra de productos con exceso de nutrientes críticos. Nos parece productivo, en cambio, que en el país se trasladen estas discusiones a los hogares colombianos, justo en el momento de hacer el mercado. ¿Sabemos lo que estamos consumiendo? ¿Estamos conscientes de sus efectos? Se trata de un primer paso que debe ir acompañado de campañas educativas, por supuesto, pero hay que darlo. El Congreso debería darle prioridad antes del fin de la legislatura.

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