La constituyente como varita mágica

Tan pronto la Corte Constitucional tumbó varios artículos de la ley que pretendía reformar el equilibrio de poderes en el país, reviviendo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), surgieron las voces, cada vez más comunes en el debate público nacional, que pedían convocar a una asamblea constituyente para enmendar los problemas de la justicia. ¿De dónde viene el delirio que ve en una medida extraordinaria la solución ideal para todo?

La lucha del presidente Juan Manuel Santos por purgar la corrupción que se ha denunciado dentro de la Rama Judicial se centró en una ambiciosa ley de equilibrio de poderes. En ella, uno de los aspectos más sonados fue la eliminación de la Sala Administrativa del CSJ, que cuenta con la mala fama de haber manejado de forma inadecuada los casi $2 billones anuales que están en el presupuesto del aparato judicial colombiano.

En su lugar se había creado el Consejo de Gobierno Judicial, que prometía transparencia y renovación en uno de los organismos con más poder en el país. Sin embargo, desde el principio, y antes de la aprobación de la ley, el lobby de la Rama Judicial por mantener el Consejo Superior de la Judicatura puso en evidencia su desinterés por reformas profundas que enfrenten problemas de larga data.

La Corte Constitucional, en pleno ejercicio de sus funciones, dijo que ese aspecto de la reforma implicaba cambiar de facto la Constitución y que por eso debía revivirse la Sala Administrativa del CSJ. En respuesta, los críticos piden una nueva Carta Política. ¿Por qué esa necesidad de tirar a la basura todas las reglas de juego y empezar de nuevo?

La Constitución actual apenas tiene un cuarto de siglo. ¿Cuál es la necesidad imperante de cambiarla? El respeto a las instituciones se construye, precisamente, a través de la solidez que sólo los años de desarrollo en sus labores les permiten a los estados construir. El fallo criticado se construyó con total respeto a la Carta Política: la Corte, única intérprete válida de la Constitución, sentenció bajo la potestad que tiene de defenderla. Que políticamente sea una decisión criticable, por supuesto, pero eso no es fundamento para restarle validez a su labor.

Especialmente porque hay otras formas de enfrentar el problema. José Agustín Suárez, actual presidente del Consejo Superior de la Judicatura, anunció un proyecto de ley estatutaria para darle más transparencia a la repartición de los recursos. ¿Por qué no seguir dando la lucha dentro de los mecanismos establecidos? No todo requiere un nuevo pacto fundacional. ¿O es que cada vez que no nos guste algo del Estado vamos a convocar una constituyente?

Especialmente porque las asambleas constituyentes no son ajenas a las dinámicas políticas coyunturales y no sólo abren la puerta para reformar la justicia, sino para reorganizar a gusto el Estado. ¿La polarización actual es el momento ideal para emprender un esfuerzo de esa magnitud? ¿Qué nos falta, dentro de lo que hay hoy día, que no pueda lograrse por las vías legislativas y judiciales? ¿Queremos, también, borrar las dos décadas y media de avances en derechos de las minorías? Y el reconocimiento que las altas cortes tienen por sus fallos bajo la actual Constitución, ¿no vale la pena preservarlo?

En la mentalidad política colombiana, parece que construir sobre lo construido es más difícil que hacer borrón y cuenta nueva. Pero si seguimos esa dinámica, nada quita que, después de proclamar una nueva Carta, en unos cuantos años estemos hablando de la necesidad de cambiarla por otra. Y así entramos en el delirio macondiano de que Colombia puede inventarse con una constituyente, solucionando de ese modo todos los problemas del país. ¡Pamplinas!

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Tan pronto la Corte Constitucional tumbó varios artículos de la ley que pretendía reformar el equilibrio de poderes en el país, reviviendo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), surgieron las voces, cada vez más comunes en el debate público nacional, que pedían convocar a una asamblea constituyente para enmendar los problemas de la justicia. ¿De dónde viene el delirio que ve en una medida extraordinaria la solución ideal para todo?

La lucha del presidente Juan Manuel Santos por purgar la corrupción que se ha denunciado dentro de la Rama Judicial se centró en una ambiciosa ley de equilibrio de poderes. En ella, uno de los aspectos más sonados fue la eliminación de la Sala Administrativa del CSJ, que cuenta con la mala fama de haber manejado de forma inadecuada los casi $2 billones anuales que están en el presupuesto del aparato judicial colombiano.

En su lugar se había creado el Consejo de Gobierno Judicial, que prometía transparencia y renovación en uno de los organismos con más poder en el país. Sin embargo, desde el principio, y antes de la aprobación de la ley, el lobby de la Rama Judicial por mantener el Consejo Superior de la Judicatura puso en evidencia su desinterés por reformas profundas que enfrenten problemas de larga data.

La Corte Constitucional, en pleno ejercicio de sus funciones, dijo que ese aspecto de la reforma implicaba cambiar de facto la Constitución y que por eso debía revivirse la Sala Administrativa del CSJ. En respuesta, los críticos piden una nueva Carta Política. ¿Por qué esa necesidad de tirar a la basura todas las reglas de juego y empezar de nuevo?

La Constitución actual apenas tiene un cuarto de siglo. ¿Cuál es la necesidad imperante de cambiarla? El respeto a las instituciones se construye, precisamente, a través de la solidez que sólo los años de desarrollo en sus labores les permiten a los estados construir. El fallo criticado se construyó con total respeto a la Carta Política: la Corte, única intérprete válida de la Constitución, sentenció bajo la potestad que tiene de defenderla. Que políticamente sea una decisión criticable, por supuesto, pero eso no es fundamento para restarle validez a su labor.

Especialmente porque hay otras formas de enfrentar el problema. José Agustín Suárez, actual presidente del Consejo Superior de la Judicatura, anunció un proyecto de ley estatutaria para darle más transparencia a la repartición de los recursos. ¿Por qué no seguir dando la lucha dentro de los mecanismos establecidos? No todo requiere un nuevo pacto fundacional. ¿O es que cada vez que no nos guste algo del Estado vamos a convocar una constituyente?

Especialmente porque las asambleas constituyentes no son ajenas a las dinámicas políticas coyunturales y no sólo abren la puerta para reformar la justicia, sino para reorganizar a gusto el Estado. ¿La polarización actual es el momento ideal para emprender un esfuerzo de esa magnitud? ¿Qué nos falta, dentro de lo que hay hoy día, que no pueda lograrse por las vías legislativas y judiciales? ¿Queremos, también, borrar las dos décadas y media de avances en derechos de las minorías? Y el reconocimiento que las altas cortes tienen por sus fallos bajo la actual Constitución, ¿no vale la pena preservarlo?

En la mentalidad política colombiana, parece que construir sobre lo construido es más difícil que hacer borrón y cuenta nueva. Pero si seguimos esa dinámica, nada quita que, después de proclamar una nueva Carta, en unos cuantos años estemos hablando de la necesidad de cambiarla por otra. Y así entramos en el delirio macondiano de que Colombia puede inventarse con una constituyente, solucionando de ese modo todos los problemas del país. ¡Pamplinas!

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