La consulta ambiental en Ibagué

Después de muchas dilaciones  innecesarias, los ciudadanos de Ibagué podrán celebrar en las urnas una consulta que pretende decidir si se les pondrá freno a los proyectos mineros que puedan afectar la estabilidad ambiental de la región. La sentencia del Consejo de Estado que le da luz verde a la consulta, sin embargo, sigue cayendo en la falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección de los recursos medioambientales.

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, con aval del Concejo municipal, decidió consultarles a los ibaguereños si están de acuerdo o no con la minería en sus territorios, teniendo en cuenta los impactos ambientales de esta actividad. Sin embargo, la pregunta propuesta tenía un claro sesgo: “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”, por lo que el Consejo de Estado dijo que “coarta la libertad del elector, es negativa sobre las actividades mineras y, además, no cumple con los requisitos de claridad, imparcialidad y objetividad”. No obstante, el Consejo sí reconoció que los municipios pueden tomar decisiones sobre las operaciones extractivas (siguiendo la línea dispuesta por la Corte Constitucional) y dejó en firma la consulta. Ese es un motivo de celebración para los activistas ambientales y para los entes territoriales que vienen reclamando tener voz y voto sobre estas iniciativas.

Sin embargo, el Consejo de Estado propuso una nueva pregunta que crea otros problemas. A los ciudadanos de Ibagué se les preguntará lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. ¿Acaso el problema que motivó la consulta concierne a todos los tipos de minería, que quedarían prohibidos de aprobarse la consulta?

Renzo García, promotor ambiental de la consulta, dijo que “no estamos en contra del minero que saca material de arrastre, confrontamos a la minería que afecta el derecho colectivo al medioambiente sano”.

La pregunta propuesta por el Consejo de Estado continúa con una posición dañina en el país que considera por completo incompatibles los proyectos extractivistas y la protección del medioambiente. Desde estas páginas, motivados por lo dicho por expertos, hemos propuesto la urgencia de empezar a entender la coyuntura crítica ambiental como una oportunidad para priorizar el desarrollo sostenible: encontrar un punto intermedio entre la productividad necesaria y la conservación de los recursos ambientales que garantizarán el futuro del país a corto y largo plazo.

Ese, sentimos, es el clamor de quienes buscan la consulta popular en Ibagué, y es además la clave para encontrarles solución a los problemas económicos y ambientales de Colombia. Negar de tajo la minería, además de ser irreal dadas las condiciones del país, no parece ser una posición compartida por muchas personas, menos en lugares donde el bienestar de los pobladores ha estado ligado a esos proyectos. ¿Qué hacer, entonces, con una pregunta sesgada pero ya autorizada?

La Alcaldía de Ibagué podría arrancar de nuevo el proceso con otra pregunta mucho más clara y cuidadosa, pero eso, lamentablemente, demoraría aún más la consulta exigida. Esperamos que se encuentre una solución pronta y que se empiece a materializar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los proyectos extractivos que los afectan directamente.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Después de muchas dilaciones  innecesarias, los ciudadanos de Ibagué podrán celebrar en las urnas una consulta que pretende decidir si se les pondrá freno a los proyectos mineros que puedan afectar la estabilidad ambiental de la región. La sentencia del Consejo de Estado que le da luz verde a la consulta, sin embargo, sigue cayendo en la falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección de los recursos medioambientales.

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, con aval del Concejo municipal, decidió consultarles a los ibaguereños si están de acuerdo o no con la minería en sus territorios, teniendo en cuenta los impactos ambientales de esta actividad. Sin embargo, la pregunta propuesta tenía un claro sesgo: “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”, por lo que el Consejo de Estado dijo que “coarta la libertad del elector, es negativa sobre las actividades mineras y, además, no cumple con los requisitos de claridad, imparcialidad y objetividad”. No obstante, el Consejo sí reconoció que los municipios pueden tomar decisiones sobre las operaciones extractivas (siguiendo la línea dispuesta por la Corte Constitucional) y dejó en firma la consulta. Ese es un motivo de celebración para los activistas ambientales y para los entes territoriales que vienen reclamando tener voz y voto sobre estas iniciativas.

Sin embargo, el Consejo de Estado propuso una nueva pregunta que crea otros problemas. A los ciudadanos de Ibagué se les preguntará lo siguiente: “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras?”. ¿Acaso el problema que motivó la consulta concierne a todos los tipos de minería, que quedarían prohibidos de aprobarse la consulta?

Renzo García, promotor ambiental de la consulta, dijo que “no estamos en contra del minero que saca material de arrastre, confrontamos a la minería que afecta el derecho colectivo al medioambiente sano”.

La pregunta propuesta por el Consejo de Estado continúa con una posición dañina en el país que considera por completo incompatibles los proyectos extractivistas y la protección del medioambiente. Desde estas páginas, motivados por lo dicho por expertos, hemos propuesto la urgencia de empezar a entender la coyuntura crítica ambiental como una oportunidad para priorizar el desarrollo sostenible: encontrar un punto intermedio entre la productividad necesaria y la conservación de los recursos ambientales que garantizarán el futuro del país a corto y largo plazo.

Ese, sentimos, es el clamor de quienes buscan la consulta popular en Ibagué, y es además la clave para encontrarles solución a los problemas económicos y ambientales de Colombia. Negar de tajo la minería, además de ser irreal dadas las condiciones del país, no parece ser una posición compartida por muchas personas, menos en lugares donde el bienestar de los pobladores ha estado ligado a esos proyectos. ¿Qué hacer, entonces, con una pregunta sesgada pero ya autorizada?

La Alcaldía de Ibagué podría arrancar de nuevo el proceso con otra pregunta mucho más clara y cuidadosa, pero eso, lamentablemente, demoraría aún más la consulta exigida. Esperamos que se encuentre una solución pronta y que se empiece a materializar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los proyectos extractivos que los afectan directamente.

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