Contralorías: ¿el ratón cuidando el queso?

Al mismo tiempo que la Contraloría General de la República viene anunciando importantes hallazgos fiscales en sonados escándalos como Odebrecht o el Programa de Alimentación Escolar (PAE), varios contralores regionales se están viendo involucrados en investigaciones que ponen de relieve cómo los vicios y las prácticas irregulares también han permeado el ente de control cuya función es vigilar las arcas del Estado.

Una investigación realizada por un equipo periodístico convocado por Consejo de Redacción, titulada “Tras la pista de las contralorías” y dada a conocer la semana pasada, les puso la lupa a 20 contralorías regionales y sus hallazgos fueron, cuando menos, preocupantes. La investigación reveló que los entes territoriales tienen cercanía con sus vigilados, hay nóminas con funcionarios investigados y contratos con presuntos conflictos éticos y de intereses.

Abundan casos como el del contralor del Atlántico, Carlos Rodríguez Navarro, quien “firmó el pasado 1º de septiembre un contrato directo por $1.186 millones con la Gobernación de ese departamento, que es el principal objeto de su control. Es decir, Navarro deberá vigilar millonarios recursos que ejecutará él mismo”, como escribió Laura Ardila de La Silla Caribe. ¿Cómo puede un ente de control realizar su labor si ve comprometida su independencia respecto de los recursos que tiene que vigilar?

Otra práctica extendida es la contratación de personas con investigaciones en curso, familiares o herederos políticos de quienes deben ser vigilados, y allegados a los concejales o diputados, que son quienes eligen a los contralores. La historia suena demasiado familiar. Las contralorías regionales no se escapan del siniestro “yo te elijo, tú me eliges” o del “yo te elijo, tú contratas a mis amigos” que en años recientes salpicaron al exprocurador Ordóñez y a algunos magistrados de las altas cortes.

Uno de los contralores más cuestionados es el de Bogotá, Juan Carlos Granados. El capítulo desarrollado por El Espectador encontró que a la Contraloría de Granados han llegado personas de su círculo de confianza en Boyacá, miembros y excandidatos de las bancadas que lo respaldaron para llegar al cargo, herederos electorales de políticos procesados por el carrusel de la contratación y hasta las hijas de los magistrados de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Gustavo Malo, investigados por el cartel de la toga.

Entre los hallazgos de esta investigación también está un posible detrimento patrimonial por $545 millones en los últimos dos años entre las 20 contralorías revisadas. En resumen, están incurriendo en las mismas irregularidades que deben investigar y sancionar. Vale preguntarse, entonces, por su utilidad actual para controlar los dineros públicos o si es más lo que despilfarran que lo que logran controlar.

El propio contralor general, Edgardo Maya Villazón, ha reconocido el problema de unas contralorías sin control. Por ello, a pesar de que ha hecho un balance positivo y celebrado la importancia de hallazgos en casos recientes, es lógico pensar que estos son apenas la punta del iceberg y mucho queda por debajo de la mesa, sobre todo cuando hay serios cuestionamientos a la idoneidad e independencia de los funcionarios. Es claro que hace falta una reforma de fondo, empezando por el modelo de elección de los contralores, que deberían llegar a sus cargos por procesos de meritocracia y hojas de vida sin tacha.

La labor de las contralorías es vital para combatir la corrupción y defender los recursos públicos que todos financiamos. Pero se han convertido en entes politizados donde afloran los peores vicios de nuestro sistema burocrático. Reformar las contralorías es una deuda urgente que no da espera.

 

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