Contratación: un gran atraso estructural

Escándalos que le han costado al país serios atrasos en infraestructura. En medio de la pelotera por quién tiene la culpa y cómo cobrar los errores, se habla de malos diseños, dineros perdidos y cronogramas atrasados. Sin embargo, rara vez caen los interventores en el debate. En el sistema colombiano de contratación las empresas interventoras no asumen la suficiente responsabilidad  por las obras. Desde 1993 la contratación pública en Colombia funciona con un esquema que tiene al Estado como único garante de incumplimiento.

El proceso es el siguiente: una empresa gana la licitación del diseño del proyecto y elabora, junto con la administración, las reglas para licitar la contratación. Así, a partir de un prediseño, se establecen los requisitos de capacidad jurídica, técnica y financiera. Una vez terminado el pliego de condiciones, se abre la licitación para la contratación y un concurso de mérito para la empresa interventora. Con ejecutor y policía abordo, comienza la obra. Pero como los diseños son sólo preliminares, el constructor puede declarar fallas en los planos. Dado que la empresa diseñadora ya entregó su trabajo, quien entra a decidir sobre la validez de los argumentos es el Estado, que no es el experto en ingeniería.

Con más dineros establecen los constructores sus cronogramas y el interventor vigila los procedimientos. Sin embargo, ante una falta, cualquiera que ésta sea, poco o nada hará el interventor. Y ello sin mencionar que los mismos grupos constructores se han valido de terceros para crear empresas interventoras que participan en la licitación y pueden llegar a ser los policías de sus propias obras. Pero más allá de la verdadera intención de unos u otros, los malos planos, los sobrecostos y los retrasos en los cronogramas son un problema estructural, no de casos dispersos de deshonestidad. El error  no está únicamente en las personas irresponsables. Tenemos un sistema vulnerable que hace que la culpa, finalmente, sí sea del Estado.

En contraste,  muchos países, Australia el primero, han cambiado su antiguo sistema por  uno de proyectos solidarios de administración. EE.UU., Canadá, Chile y la gran mayoría de países europeos se suman a la lista. Éste es un sistema en el cual una empresa experta en la gerencia y diseño de proyectos de infraestructura se encarga de hacer los estudios y de abrir la licitación para la construcción en conjunto con el Estado. La empresa tiene voz y voto en el comité evaluador y responde por su ejecución. Además, tiene la capacidad de hacer cumplir el cronograma ordenando tiempos extra o más personal y de ajustar los planos para evitar sobrecostos. Algunos estudios, de hecho,  han mostrado que la corrección en papel es cinco veces menor que durante la obra.

El sistema ha sido tan exitoso que incluso algunas empresas privadas lo han implementado. Ecopetrol contrató las reformas en las refinerías de Barranca y Cartagena de esta manera y el Canal de Panamá está siendo ampliado con el mismo esquema. No obstante, en el país poco se habla del tema. Se sabe que son varios y poderosos los intereses en la contratación pública. Ese es, por lo pronto, un asunto que merece reflexión aparte. Con todo, el retraso no da espera. El país no tiene por qué asumir costos innecesarios. La construcción es hoy un asunto de abogados. Esta es, de las alternativas, la peor. Es preciso entonces cuestionar la manera como están ordenadas las reglas en el sistema vigente de contratación. Y es hora de sacar las obras de las cortes.