El año pasado fueron varios los escándalos con origen en Córdoba que sacudieron al país. Primero se supo del cartel de la hemofilia, donde se perdieron unos recursos que supuestamente iban para curar esa enfermedad en pacientes que no la tenían. Después, el exgobernador Alejandro Lyons prendió el ventilador confesando cómo utilizó su cargo para vaciar las arcas del departamento, en alianza con otros nombres poderosos de la región.
En el marco del escándalo de Odebrecht quedaron involucrados los congresistas cordobeses Otto Bula, Bernardo Ñoño Elías y Musa Besaile. Los dos últimos insistieron, hasta hace poco cuando acordaron colaborar con la justicia, en que todo se trataba de una persecución.
Pero ahí no para el desangre de Córdoba. Esta semana, la Procuraduría denunció la existencia de un cartel que supuestamente suministró medicamentos contra el sida a más de 800 pacientes que no lo padecen. Según cálculos del procurador Fernando Carrillo, el detrimento patrimonial podría ser superior al ocurrido por el cartel de la hemofilia. Además, el gobernador de ese departamento, Edwin Besaile, hermano de Musa, está involucrado en investigaciones por presuntos hechos de corrupción.
En medio de todo esto, varios de los implicados han propuesto a los entes de control explicar bien cómo ocurrió la corrupción, denunciando a personajes de la política nacional a cambio de beneficios judiciales.
La Fiscalía, por supuesto, como lo ha venido haciendo, debe aprovechar esa disposición de contar la verdad. Especialmente porque seguir halando el hilo del caso Odebrecht puede terminar en descubrimientos que le expliquen al país cómo vienen funcionando las burocracias políticas corruptas. Que caigan los que deban caer y que el mensaje sea contundente: en Colombia nunca más vamos a ser complacientes con la corrupción. Estamos listos para un nuevo comienzo.
Dicho eso, los entes de control deben ser particularmente cautelosos con la información que permiten que se ventile en público. En plena campaña electoral, no es ilógico pensar que los implicados van a tener incentivos para enlodar a personas que tal vez no tengan nada que ver con lo ocurrido. De nada nos van a servir como país acusaciones que no hayan sido investigadas de manera rigurosa por los representantes del Estado en el ámbito penal y disciplinario. El papel de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía en los últimos años se ha caracterizado por muchos resultados, pero también por un afán de figurar en el debate público que puede tener consecuencias dañinas para la democracia.
Necesitamos saber lo que ocurrió, pero que las voces de los criminales confesos no secuestren el imaginario de los colombianos con declaraciones temerarias y malintencionadas.