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Para entender la solicitud de circular roja de la Interpol contra Pierre Eugenio García Jacquier, que fue director encargado del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en el mandato del expresidente Iván Duque, hay que revisar el expediente de la Corte Suprema de Justicia contra Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático. Los documentos, que conoció y reseñó El Espectador, muestran un descarado direccionamiento de contratos para afianzar el proyecto político del congresista en Quindío, Caldas, Santander y Tolima. Que García le haya dado a la justicia una dirección en la que no reside y ahora la Fiscalía presuma que está a la fuga es un síntoma más de que apenas estamos viendo la punta del iceberg en un escándalo de corrupción que merece la atención del país entero.
En diciembre del año pasado, ocurrieron dos hechos en este caso. El 14, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del senador Ramírez por los avances en su proceso. Por las mismas fechas, el exdirector García, quien no tiene fuero, fue imputado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Ahora, la semana pasada, el ente investigador le pidió a una jueza expedir circular roja de Interpol para capturar a García, quien se presume se fugó y salió del país. Esa solicitud está programada para resolverse esta semana.
Los indicios, en todo caso, son gravísimos. Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, le dijo a la Fiscalía que García y Ramírez se reunían con él en espacios donde no se podía entrar ningún dispositivo electrónico y todas las notas en papel eran destruidas. De allí, el ente investigador rastreó el contrato interadministrativo 670 de 2021, suscrito entre el DPS y Proyecta Quindío, por $48.660 millones, así como otros 27 proyectos relacionados. No solo hubo direccionamiento, sino que García y Ramírez habrían cobrado coimas para asignarlos.
En el expediente que conoció El Espectador, la Corte Suprema de Justicia identifica “contratos de interventoría y obra conocidos como Saldaña y Quindío” que “le habrían correspondido al grupo coordinado por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez —exalcalde de Piedecuesta (Santander)—, quien designó, a su vez, a los contratistas de esas obras”. El senador Ramírez también habría estado involucrado en el direccionamiento de obras en Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar. Se trata de un entramado de corrupción enorme, por lo que la justicia tiene que darle respuestas a Colombia cuanto antes.
En cuanto a García, debe entregarse. Su defensa, que ha buscado aplazamientos ante la justicia, debe dar cuenta de su paradero. Se mantiene la presunción de inocencia, pero lo que no puede ocurrir es que se lleve a cabo un juicio sin saber dónde se encuentra el involucrado. Adicionalmente, las explicaciones sobre lo ocurrido deben ser suficientes y transparentes. La defensa del senador Ramírez ha dicho que todo se trata de un error. Si así fue, ambos señalados necesitan demostrarlo. Ahora, si la justicia falla en contra, se abren aún más preguntas: ¿hubo otros casos de direccionamiento en el DPS? ¿Habrá responsabilidad política del gobierno anterior y del Centro Democrático? Es urgente conocer las respuestas.
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