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El Congreso y el presidente de la República deberían sentirse avergonzados. Se les advirtió de mil maneras, pero hicieron caso omiso con actitud prepotente: a las malas hicieron aprobar una reforma inconstitucional de la Ley de Garantías para permitir una feria de contratos en época electoral, con claras intenciones políticas. No se trató de un error ingenuo ni de una diferencia en interpretación, sino de un acto consciente para burlarse de la Corte Constitucional en un momento de fuertes cuestionamientos a la legitimidad de las instituciones. Al final, el alto tribunal tuvo que intervenir, el Congreso terminó regañado, los contratos suscritos quedaron en un limbo jurídico y la pregunta necesaria, que se quedará sin respuesta, es dónde están las responsabilidades políticas por este atropello.
En términos jurídicos, la Corte Constitucional regañó al Congreso y al presidente de la República por su actuar. No solo tumbó la modificación a la Ley de Garantías, sino que se lamentó por la falta de “unidad de materia”, pues el artículo modificatorio no guardaba relación alguna ni coherencia temática con la iniciativa del Gobierno. En otras palabras, que intentaron hacerles conejo a la Constitución y a la ley. Por todo esto, se determinó que la sentencia del alto tribunal tiene efectos retroactivos, lo que deja sin piso legal todos los convenios suscritos en estos meses en el marco de las elecciones. Hay que decirlo sin cortapisas: este desastre institucional es culpa de la coalición del Gobierno y de la Casa de Nariño.
Los efectos de la sentencia son claros. Según cuentas de El Espectador, desde noviembre hasta febrero de este año se habían suscrito 604 convenios por un monto de $3,4 billones. Es muy probable que la cifra actual esté muy por encima, debido a que no se ha terminado de consolidar ni reportar toda la información. Es un tremendo embrollo, pues esos convenios generaron expectativas de cumplimiento en los contratistas, así como una asignación presupuestal, y por el capricho del Congreso y de la Presidencia se abre la puerta a litigios.
El tema estaba claro desde un principio. La Ley de Garantías no podía ser modificada mediante la Ley de Presupuesto General debido a que, por su importancia y jerarquía en el ordenamiento jurídico, necesitaba un trámite propio. El presidente Duque insistió en que permitir los convenios durante estos meses estaba atado a la reactivación económica, pero eso no era argumento suficiente para saltarse los justos debates que una reforma estructural como la planteada amerita. Es la crónica de una tragedia anunciada, pues se sabía que la Corte tumbaría la modificación. Se generaron incluso suspicacias sobre si lo que pretendía el liderazgo político era firmar contratos aun sabiendo que la modificación estaba condenada al fracaso.
Por eso es tan importante que la Corte haya decretado la retroactividad. Es una manera de defender las normas y de evitar esas “jugaditas” del Congreso y de las entidades territoriales. Si se hubiese permitido que los convenios continuaran vigentes, el efecto político de levantar la Ley de Garantías se habría conseguido y la institucionalidad se habría visto fuertemente afectada.
Necesitamos, eso sí, un debate amplio y transparente sobre la Ley de Garantías, pero la forma en que se había hecho para este proceso electoral fue lamentable. Bien por la Corte Constitucional.
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