Crimen transnacional en las fronteras

El Espectador
27 de abril de 2018 - 02:40 a. m.
Las labores de inteligencia son la punta de lanza que conducirá a la captura de estos delincuentes. Pero urge también la inversión social y el desarrollo de planes que rescaten a la población de zonas marginadas para que tengan otras fuentes lícitas de vida. / Foto: AP
Las labores de inteligencia son la punta de lanza que conducirá a la captura de estos delincuentes. Pero urge también la inversión social y el desarrollo de planes que rescaten a la población de zonas marginadas para que tengan otras fuentes lícitas de vida. / Foto: AP
Foto: AP - Dolores Ochoa

Las fechorías cometidas por alias Guacho y sus secuaces, en la frontera con Ecuador, tienen que ser reprimidas con todo el peso de la ley. No es retórica. Esa debe ser la respuesta ante la indignación y el dolor causado en el país vecino, y en Colombia, por los hechos recientes que involucran a este grupo de delincuentes. El mejor homenaje a la memoria de las víctimas debe ser una acción binacional coordinada que lleve a su pronta captura. No puede ser de otra manera.

El viernes pasado hubo una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la compleja situación que se vive en la región fronteriza entre los dos países. Asistieron la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y su colega ecuatoriana, María Fernanda Espinoza. Holguín sostuvo que estos criminales, frente a la decisión de Bogotá y Quito de aunar esfuerzos para combatirlos, o “se someten o tendrán sus días contados”. Espinoza, por su parte, resaltó la importancia de actuar de manera consensuada para enfrentar el flagelo de las drogas en dicha zona. Este tiene que ser el espíritu que prevalezca entre los dos países para enfrentar de manera efectiva a un enemigo común. En especial, como lo han señalado el vicepresidente Óscar Naranjo y el fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando actúan a las órdenes de grandes grupos transnacionales de crimen organizado.

En las fronteras, cuando no hay la debida presencia y atención del Estado, se incuban problemas de diversa índole. Solo hay que mirar el ejemplo de la amplia zona común con Venezuela para entender la dimensión de los mismos. En el caso de Ecuador, así como sucede con Panamá y Brasil, en la medida en que la lucha contra los carteles de las drogas tiene efecto positivo, estos tienden a desplazarse hacia los países vecinos. El delito transnacional opera sobre la base de amplias redes de apoyo y las grandes cantidades de dinero que manejan. De allí que un aliado estratégico les apareciera en la zona de Tumaco. Guacho y cerca de un centenar de exintegrantes de las Farc prefirieron continuar delinquiendo en vez de volver a la vida civil. El conocer la selva como la palma de la mano es un atractivo adicional para los carteles mexicanos.

¿Qué hacer entonces? No hay duda de que, además de las acciones militares conjuntas, se debe recuperar la presencia institucional a lado y lado de la frontera. El Estado tiene que hacerse presente de manera efectiva y permanente para recuperar el imperio de la ley. Dentro de este propósito, las labores de inteligencia son la punta de lanza que conducirá a la captura y neutralización de estos delincuentes. Pero urge también la inversión social y el desarrollo de planes que rescaten a la población de zonas marginadas para que tengan otras fuentes lícitas de vida. De no hacerlo, lo único que se logra es mantener un caldo de cultivo para actividades ilícitas. En Washington se anunció por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que la Organización actuará en la zona a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAPP-OEA, en estrecha coordinación con las autoridades de ambos países.

Con la terminación de conflictos internos, como el que desangró al país en los últimos 50 años, quedan reductos de combatientes que se resisten a la reinserción y prefieren seguir en las andadas, como en el caso de Guacho y sus secuaces. Ahora la fuerza pública deberá actuar además contra los remanentes de las Farc en diversas zonas del país. Para este caso en particular, el Gobierno dispuso el despliegue de 12.000 soldados y policías con puesto de mando en Tumaco, y en el resto de la zona fronteriza se dispusieron 57.000 miembros de las Fuerzas Armadas y grupos élites de inteligencia, mientras se trabaja en establecer la ubicación de los responsables de estos delitos.

Por todo lo anterior, no está de más reiterar una vez más la necesidad no sólo de la acción mancomunada entre Bogotá y Quito, sino de la activa presencia institucional a lado y lado de la frontera.

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Por El Espectador

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