Ya era hora de volver a hablar de Guaviare. Después de que en 2019 hubiera indignación nacional porque una niña de 10 años diera a luz, producto de haber sido abusada presuntamente por un militar estadounidense, poco se habló de lo que parece ser una red de prostitución infantil enraizada en el territorio. Lo peor es que los clientes principales son miembros del Ejército. El presidente Gustavo Petro reveló un dato escalofriante esta semana: al menos 118 militares colombianos están siendo investigados por la Fiscalía por abuso sexual. Y aun así llevamos años sin respuestas. ¿Seguirá el terror en la impunidad?
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cada semana se reciben cuatro casos de abusos sexuales a niñas en las zonas de tolerancia del departamento. La situación es aún más grave, pues es producto directo de la desigualdad. Hablando con El Espectador, Carolina Galeano, personera municipal, fue clara: “El ICBF ha denunciado en nuestra oficina que algunas de las niñas nukaks, lo que es bastante alarmante, no ven esta situación como una circunstancia de explotación sexual, sino como una forma de ayudarse económicamente (...) Uno de los factores importantes es la pérdida del territorio. Las diferentes comunidades indígenas han sido desplazadas por el conflicto armado de manera forzosa”.
La pregunta necesaria es por qué hemos tardado tanto en intervenir una situación tan nefasta. ¿Por qué la Fiscalía no ha actuado? ¿Por qué el Gobierno pasado no le dio importancia al tema? ¿Por qué este Gobierno solo hasta esta semana empezo a preocuparse? La respuesta parece ser que tristemente en el país se ha normalizado la prostitución infantil y, aunque es un problema urgente, no hay políticas públicas implementadas con eficiencia para romper con los ciclos de violencia sexual. Guaviare no es un caso aislado.
El presidente Petro anunció en Twitter que “este horror lleva años estimulado por la impunidad. Se iniciarán todas las investigaciones, incluso por la omisión de funcionarios”. También se envió una comisión especial del ICBF y de la Presidencia a Guaviare que tendrá como propósito llevar a cabo “jornadas de búsqueda e identificación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones, particularmente en la niñez de las comunidades nukak y jiw”. Por su parte, la directora del ICBF, Concepción Baracaldo, dijo que “es repudiable y doloroso que este tipo de situaciones que afectan y atentan contra la vida e integridad de la niñez se presenten”.
Son medidas necesarias, pero da la sensación de que se quedan cortas. Especialmente porque hay problemas estructurales de pobreza y desigualdad en Guaviare que no tienen solución pronta. También es necesario que la Fiscalía le cuente al país qué pasó con las investigaciones y que, además, les dé celeridad a las nuevas denuncias que están ocurriendo cada semana. No puede ser que cada tanto tiempo volquemos la atención nacional sobre el departamento y los problemas sigan igual.
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