Una verdadera debacle de trámites se cristalizó cuando en más de 20 ciudades del país las respectivas Secretarías de Tránsito no pudieron conectarse a la plataforma del Runt, que permite registrar la información sobre los registros de automotores, licencias de tránsito, empresas de transporte público, infractores, accidentes de tránsito y seguros.
En municipios como Bogotá, Medellín y Cali no pudo realizarse durante nueve días ninguna diligencia de tránsito. El caos que se incubó fue tal —en la capital del país se represaron cerca de 3.000 trámites vehiculares por día—, que el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, optó por suspender el Runt y otorgar a los usuarios tres meses de plazo para que los trámites se sigan haciendo a la antigua, es decir, con los documentos físicos.
Nadie niega la importancia del Runt como instrumento eficaz para acabar con el desorden que reina en las diligencias vehiculares en el país. Existe un consenso sobre las bondades de la nueva plataforma, que proveerá al Estado de información consolidada y confiable, necesaria para la ejecución y construcción de políticas públicas en materia de transporte y tránsito.
La medida beneficiará también a la ciudadanía, que podrá realizar todos sus trámites de manera organizada y sin intermediarios, y no incurrirá en riesgos como adquirir un automotor con problemas de multas, involucrado en algún tipo de accidente o robado.
Pero el carácter urgente y beneficioso del Runt no puede justificar su desastrosa ejecución. La parálisis en el sistema, que impidió la expedición de matrículas y llevó a reversar ventas de vehículos ya definidas, ocasionó graves perjuicios económicos a los comerciantes de vehículos. Según Diego Zuluoga, gerente de concesionarios de Fenalco, las pérdidas para los concesionarios en el país por el colapso del sistema superan los $400 mil millones, producto de la no venta de 16 mil automotores.
Al igual que los concesionarios, las Secretarías de Tránsito y centros de diagnóstico automotor registraron millonarias pérdidas. La frustración de la ciudadanía, que se vio impedida para hacer traspasos, refrendar licencias de conducción o simplemente obtener permiso para cambiarle el color a su carro, se hizo evidente en las calles de las ciudades de Medellín, Manizales, Bogotá y Bucaramanga, donde se presentaron acaloradas protestas y manifestaciones.
No puede negarse la responsabilidad directa del grupo Promesa de Sociedad Futura, que se ganó el contrato de concesión en mayo de 2007 y reconoció que hubo problemas en la base de datos del sistema e inconvenientes con el software que soporta su operación y funcionamiento.
Pero además de los errores en que incurrió la empresa concesionaria, la responsabilidad del colapso le compete a la cartera de Transporte, que adjudicó el contrato por un valor cercano a los $300 mil millones, y debía supervisar su cumplimiento. Resultan por tanto insuficientes las declaraciones del Ministro, quien evadió la responsabilidad al sugerir que el fracaso de la operación respondía a posibles sabotajes. “Hay mucha gente, mucha, mucha, interesada en que eso no funcione. ¡Mucha, mucha!”, sostuvo, como si tal situación no fuese lo suficientemente obvia.