Cuando falla la memoria

En adelante la narración sucinta, el simple conteo de los muertos sin relación alguna con las razones que podrían explicar los asesinatos y demás violaciones de los derechos humanos, no primarán entre quienes se someten a la justicia transicional.

Aunque llega un poco tarde, la relevancia de la sentencia es absoluta. A partir de la anulación de un acuerdo al que se había llegado con el ex comandante del frente Isaza Héroes del Prodigio, Cesar Augusto Botero, alias Flechas, la Corte decidió establecer una nueva doctrina en la interpretación de la Ley de Justicia y Paz. Pese a que, con miras a los beneficios que otorga la ley, la Fiscalía le imputó cargos a alias Flechas por el homicidio de un presunto expendedor de drogas, un aparente miliciano del Eln, dos personas que movilizaban combustible hurtado y dos más que, al parecer, estimulaban el consumo de estupefacientes entre los menores de edad, la Sala Penal de la Corte cuestionó la decisión.

Y razón no le falta. Por ningún lado aparecen, en la confesión de alias Flechas, datos específicos que permitan reconstruir, más allá del nombre y la ubicación de la víctima, los momentos de violencia. Si contó con el apoyo o la aquiescencia de algún grupo específico de la sociedad, si sus motivaciones fueron parte de la doctrina de guerra del grupo violento al que pertenecía y si tenía en éste una responsabilidad mayor que la de los demás miembros; o si, por el contrario, intentó sin éxito rehuir la orden impartida por un superior, son todas informaciones que no suministró. Y que no le fueron exigidas.

A la hora de confesar no basta, entonces, con los elementos de prueba en sí mismos. La Ley de Justicia y Paz es un instrumento ideado para la reconciliación, no para el olvido. Quien brinda una versión libre no puede, como ha ocurrido, revelar a su antojo lo que decide que es relevante y callar o desfigurar lo otro por lo que, justamente, adquirió beneficios que de otra forma no habría ganado. La diferencia entre este procedimiento y los que, en el contexto de anteriores violencias, se utilizaron para pacificar el país, estriba en que las víctimas y su derecho a la verdad son ahora la base de la difícil ecuación entre justicia y paz. Dos derechos que, lo hizo explícito la Corte Constitucional cuando advirtió del precipicio de la impunidad y el olvido al que estaba abocada la mencionada Ley en su versión original, no son antagónicos y sí constitucionales.

A diferencia del futuro, incierto e indeterminado, el pasado, nos lo recuerda el filósofo francés Paul Ricoeur, ya pasó y no es modificable. Podemos, eso sí, transformar el sentido, la interpretación que le damos a aquello que ya ocurrió. Más aún cuando se trata de hechos de violencia como los que padeció Colombia en sus últimos 20 años y en los que los actores —víctimas y victimarios— son tan diversos, como sus testimonios manipulables, estratégicos y de difícil acceso. Esa es, en últimas, la reflexión que nos invita a hacer la sentencia de la Corte de Suprema.

La búsqueda de la verdad, esa complicada palabra que aflora por doquier, es esencial para aquellos que, en un futuro no muy lejano y siguiendo en parte el derrotero marcado con éxito por la Comisión de la Memoria Histórica, construirán la historia que las generaciones posteriores habrán de leer en sus manuales escolares.