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Desde que llegó el presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño y en particular en las últimas semanas de fuertes escándalos, la pregunta por la responsabilidad de los medios de comunicación con la información que se publica se ha puesto en el centro de la agenda. Tal vez el punto más álgido llegó hace unos días cuando la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, pidió que la revista Semana sea “intervenida por la Fiscalía para que encuentren las pruebas” sobre un artículo publicado por el medio. Esto hace necesaria una reflexión sobre cómo el periodismo se relaciona con el poder, lo que se espera de los funcionarios y también de los medios de comunicación.
La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales poco populares, pues, por definición, incomodan. La censura nunca va dirigida hacia quienes, por ejemplo, defienden al gobierno de turno o a los poderosos. ¿Eso quiere decir, entonces, que se trata de derechos sin límites? No, por supuesto que no: en Colombia, por ejemplo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como el Código Penal son claros en imponer límites y responsabilidades. Por eso existen los delitos de injuria y calumnia, así como el derecho a solicitar retractaciones, correcciones y aclaraciones. Sin embargo, en una democracia que sueña con ser lo más libre posible, hay que estudiar con lupa cualquier intento de utilizar las herramientas legales para llevar a la censura, pues así es como históricamente se han silenciado voces valiosas para el debate público.
Tal vez alejarnos un momento de Colombia sirva para dar perspectiva. Guatemala, una democracia sobre el papel, acaba de ver un proceso penal donde se condenó a seis años de prisión al periodista José Rubén Zamora. Lo acusan de actos de corrupción, pero la observación internacional ha denunciado que se trata de un proceso fachada. El jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, al enterarse de la decisión habló de más y puso sobre la mesa la realidad de las motivaciones de la acción jurídica: tildó de histórica la sentencia para “todas aquellas personas a las que se les destruyó su nombre, su honor, su prestigio”. Habla de los jueces, fiscales y funcionarios denunciados por corrupción por el medio que dirigía Zamora. Esto, a pesar de que insistieron desde la Fiscalía en que el juicio nada tenía que ver con su función periodística.
El objetivo de este ejemplo no es decir que Colombia está en una situación análoga, sino demostrar que fomentar la “intervención” del Estado en los medios de comunicación es un camino peligroso. Así como la senadora Zuleta hoy pide que la Fiscalía actúe contra Semana, en el pasado ese mismo ente investigador fue usado para presionar a periodistas de otros medios. El peligroso mensaje que se envía es uno de censura no solo para la revista que no le gusta al partido de gobierno, sino para el resto de los periodistas y opinadores del país.
¿Eso significa que los medios no podemos ser criticados? Es evidente que no. El periodismo bien hecho exige responsabilidad en todos los puntos del proceso, desde el uso de fuentes hasta los enfoques utilizados para presentar la información. No pretendemos en El Espectador dar clases a los colegas, pues en nuestra propia redacción cometemos errores en el ejercicio difícil del oficio. Por eso mismo también sabemos que es necesario hacernos preguntas sobre cómo estamos cumpliendo la labor. Eso hay que hacerlo y de manera pública, pero sin la Fiscalía de por medio.
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