¿Cuánto aguanta la incertidumbre?

Dese el resultado del plebiscito, Colombia está sumida en la incertidumbre. Pese al liderazgo de Presidencia, sus constantes actualizaciones sobre lo que ocurre, las propuestas de múltiples sectores identificados con el No triunfador y las ideas que rondan para solucionar el lío jurídico, todavía parecemos estar lejos de un acuerdo que no desperdicie las negociaciones de los últimos cuatro años con las Farc. La pregunta de fondo es una que causa tensión: ¿cuánto tiempo puede permanecer la situación en este estado antes de que se rompa definitivamente la mesa?

Es, por supuesto, una pregunta de difícil respuesta. Afortunadamanete, todos los involucrados han reiterado su voluntad de paz, pero el reloj sigue avanzando y son varios los problemas prácticos que empiezan a surgir. Esta semana, por ejemplo, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó uno de los dilemas que enfrentan los jueces y la Fiscalía con esta situación.

“Si la Fiscalía captura mañana unas personas de las Farc que ni están en las zonas de concentración ni de consolidación de donde se iban a desmovilizar —dijo Martínez—, qué va a hacer la Fiscalía si están en este limbo, de una se trasladaría el caso a la jurisdicción ordinaria”. Para el fiscal, la seguridad jurídica de los guerrilleros de las Farc se ve afectada por la incertidumbre y eso deja a los operadores jurídicos sin saber cómo proceder.

Las declaraciones de Martínez vienen, además, en medio de una renegociación complicada, donde la justicia está en el centro del problema. Muchos de los votantes del No manifestaron su descontento por las penas pactadas entre el Gobierno y las Farc, y el uribismo, dentro de sus propuestas para modificar el acuerdo, ha indicado que es innecesario crear una jurisdicción especial para la paz y que sería mejor aplicar la Ley de Justicia y Paz (utilizada en la desmovilización de los grupos paramilitares) o crear una sala de justicia transicional en la Corte Suprema de Justicia.

El problema es que ese fue uno de los puntos que, por su complejidad y por las implicaciones para las Farc, más discusión y detalle recibió en La Habana, y es difícil pensar que podría modificarse con facilidad y menos en un tiempo prudencial.

Aunque Iván Márquez, en entrevista con Univisión, dijo que las Farc “harían hasta lo imposible por mantener esta situación y salvar los acuerdos firmados”, también mencionó que mantener la tregua es muy costoso, sin siquiera mencionar la intranquilidad creciente con el paso de los días entre las filas de la guerrilla. Si las conversaciones se atascan en la justicia y no se toman medidas por lo menos preliminares para dar algo de seguridad jurídica, la dificultad evidenciada por Martínez se volverá cada vez más latente y puede sabotear el esfuerzo de salvar las negociaciones.

Debe ser bienvenida la solicitud del fiscal para que “se oiga a los operadores de los acuerdos, lo que piensan las Cortes y la Fiscalía para la seguridad jurídica de las personas involucradas”. Uno de los principales objetivos de los negociadores de todas las partes debe ser llegar cuanto antes a un acuerdo sobre lo jurídico, para que las reglas queden claras y se pueda construir confianza. No sabemos cuánto aguantará la incertidumbre, pero nos parece evidente que no puede ser indefinida.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Dese el resultado del plebiscito, Colombia está sumida en la incertidumbre. Pese al liderazgo de Presidencia, sus constantes actualizaciones sobre lo que ocurre, las propuestas de múltiples sectores identificados con el No triunfador y las ideas que rondan para solucionar el lío jurídico, todavía parecemos estar lejos de un acuerdo que no desperdicie las negociaciones de los últimos cuatro años con las Farc. La pregunta de fondo es una que causa tensión: ¿cuánto tiempo puede permanecer la situación en este estado antes de que se rompa definitivamente la mesa?

Es, por supuesto, una pregunta de difícil respuesta. Afortunadamanete, todos los involucrados han reiterado su voluntad de paz, pero el reloj sigue avanzando y son varios los problemas prácticos que empiezan a surgir. Esta semana, por ejemplo, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó uno de los dilemas que enfrentan los jueces y la Fiscalía con esta situación.

“Si la Fiscalía captura mañana unas personas de las Farc que ni están en las zonas de concentración ni de consolidación de donde se iban a desmovilizar —dijo Martínez—, qué va a hacer la Fiscalía si están en este limbo, de una se trasladaría el caso a la jurisdicción ordinaria”. Para el fiscal, la seguridad jurídica de los guerrilleros de las Farc se ve afectada por la incertidumbre y eso deja a los operadores jurídicos sin saber cómo proceder.

Las declaraciones de Martínez vienen, además, en medio de una renegociación complicada, donde la justicia está en el centro del problema. Muchos de los votantes del No manifestaron su descontento por las penas pactadas entre el Gobierno y las Farc, y el uribismo, dentro de sus propuestas para modificar el acuerdo, ha indicado que es innecesario crear una jurisdicción especial para la paz y que sería mejor aplicar la Ley de Justicia y Paz (utilizada en la desmovilización de los grupos paramilitares) o crear una sala de justicia transicional en la Corte Suprema de Justicia.

El problema es que ese fue uno de los puntos que, por su complejidad y por las implicaciones para las Farc, más discusión y detalle recibió en La Habana, y es difícil pensar que podría modificarse con facilidad y menos en un tiempo prudencial.

Aunque Iván Márquez, en entrevista con Univisión, dijo que las Farc “harían hasta lo imposible por mantener esta situación y salvar los acuerdos firmados”, también mencionó que mantener la tregua es muy costoso, sin siquiera mencionar la intranquilidad creciente con el paso de los días entre las filas de la guerrilla. Si las conversaciones se atascan en la justicia y no se toman medidas por lo menos preliminares para dar algo de seguridad jurídica, la dificultad evidenciada por Martínez se volverá cada vez más latente y puede sabotear el esfuerzo de salvar las negociaciones.

Debe ser bienvenida la solicitud del fiscal para que “se oiga a los operadores de los acuerdos, lo que piensan las Cortes y la Fiscalía para la seguridad jurídica de las personas involucradas”. Uno de los principales objetivos de los negociadores de todas las partes debe ser llegar cuanto antes a un acuerdo sobre lo jurídico, para que las reglas queden claras y se pueda construir confianza. No sabemos cuánto aguantará la incertidumbre, pero nos parece evidente que no puede ser indefinida.

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