¿Cuántos más?

DIGAMOS QUE EN LA APROBAción de la reelección presidencial, una funesta figura jurídica que hoy nos tiene en los aprietos de reequilibrar los poderes públicos, coincidieron dos conductas delictivas que tienen a cinco cabezas uribistas con una condena encima por parte del Estado.

Los dos más grandes escándalos judiciales del gobierno del hoy senador Álvaro Uribe Vélez se juntaron ahí: estaban, por un lado, los espionajes a los magistrados de la Corte Suprema que investigaban y juzgaban las relaciones non sanctas del paramilitarismo con los congresistas que, finalmente, permitirían que el expresidente siguiera de largo en la Presidencia de la República: a ese capítulo lo llamamos “las chuzadas”. Esa reelección, además, y como lo probó la Corte Suprema de Justicia, fue primero comprada en el Congreso por parte de miembros de su gobierno a través de dádivas. Ese otro tomó el apodo de “yidispolítica”.

Para atrás hay más, sin embargo. Ese es, digamos, uno de los puntos de coincidencia del relato. Pero los hechos que se pueden rescatar por separado son bastante profundos, oscuros: la sumatoria de todos ellos hizo que cayeran tras las rejas en las últimas semanas los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, el exsecretario Alberto Velásquez, el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno Villegas y la exdirectora del Das, María del Pilar Hurtado.

El círculo se cierra demasiado cerca del expresidente Uribe. Y si bien contra él no hay una sola sentencia, resulta en extremo ingenuo pensar que todas estas actividades ilegales se dieron a sus espaldas. Es más, da para pensar, como lo hemos dicho en este espacio varias veces, que muchas se dieron bajo su concurso, bajo su estela de mando que no era, ni mucho menos, descuidada con el quehacer de sus subalternos.

Ha dicho el expresidente que “se está creando la confusión para condenarlos entre lo que es cumplir el deber en la acción contra el terrorismo y en pro de la seguridad nacional”, lo que sea que eso signifique. Cierto es, sin embargo, que la Corte Suprema de Justicia ordenó investigarlos a él y a otros: a su exasesor y hoy congresista del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, al exasesor de prensa de Palacio César Mauricio Velásquez, al exsecretario jurídico Edmundo del Castillo, al exdirector del DAS Andrés Peñate y al exasesor Jorge Mario Eastman. Más nombres, más fino el círculo.

Ha dicho el hoy senador, líder del Centro Democrático, que va a ir el martes a la Corte Suprema de Justicia a rendir una versión libre y pronunciarse sobre todos estos temas. No lo dijo sin antes irse lanza en ristre contra esa institución, por supuesto: “Dice la Corte que había una organización criminal. Vamos a ver dónde la había, si en el gobierno que preguntaba por lo que estaba ocurriendo o allí que estaban interferidos por narcotraficantes como Giorgio Sale y Ascensio Reyes”, se le oyó decir en una plenaria del Senado.

Eso es lo que tenemos. Ante estos hechos, desde una perspectiva de absoluta confianza institucional, no nos queda otra alternativa que esperar los resultados. ¿Cuántos más serán? Sólo el tiempo podrá decirlo. Pero es un alivio que estas cosas vayan aclarándose con el paso del tiempo. Lo cierto es que de todo esto nos quedan, para el futuro como país, una serie de lecciones aprendidas. No solamente tenemos que polarizar al país diciendo quiénes hicieron qué, tildándolos como únicos culpables, sino inspeccionar sobre la decencia de la política actual. Ese es, probablemente, el siguiente paso.

 

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