Cuatro años
Cuatro años es un tiempo justo para hacer un alto en el camino y evaluar (criticar, replantear, repensar, incluso) una política pública que tenga una vocación de permanencia por encima de los cambios de gobierno.
El Espectador
Lo simbólico es claro y, aún en la actualidad (hoy, por ejemplo), merece el aplauso de sectores disímiles de la opinión pública: se trata de una ley de alto orden que reconoce la existencia del conflicto armado colombiano, de las víctimas que dejó a su paso esa guerra entre ciudadanos de un mismo país y del amparo que el Estado les da dentro de un marco administrativo para que sean reconocidas y tenidas en cuenta en la aplicación de políticas públicas. Incluso reconoce a aquellas que merecen un enfoque diferencial para atender sus propias visiones culturales y sociológicas de la reparación.
No es poco, digamos. Ya lo dijo el senador del Polo Democrático Iván Cepeda en este diario el domingo: ha tenido un reconocimiento de las víctimas y ha generado espacios de participación local y regional.
Lo ambicioso es tanto o más claro que lo simbólico. La Universidad de Harvard consignó en un informe del año pasado los altísimos niveles de reparación que esta ley presupuesta: se trata del esfuerzo en un orden, pongámosle, mundial que reconoce más formas de victimización en el período más largo de tiempo. La respuesta del Estado, de acuerdo con esta ley, es integral en su más pura definición: consiste en combinar estrategias tanto simbólicas como económicas, tanto educativas como sociales. Va de nuevo y más sencillo: de la aplicación de esta ley pueden emerger “posibles problemas en términos del tamaño de las expectativas creadas y la dificultad de cumplir con ellas”, como dice el informe.
La profesora Angelika Rettberg escribió, también en este diario, que el documento Conpes 3712 de diciembre de 2011 fijó un plan de financiación de $54,9 billones para cumplir sus 10 años de vigencia. Dijo más: “Muchos de los supuestos en los que se basa este cálculo han sido ya excedidos y dependen de que se mantenga el desempeño económico actual”. Lo que implica, ya en nuestra manera de ver las cosas, que la ley debe implementarse de una forma más realista.
Si en algo no puede caer una política de reparación es en una injusticia de fondo que sea eventualmente inobjetable. Mejor dicho: no puede ser que el presupuesto alcance para unos y no para otros. Acá hay que revisar con la Unidad de Víctimas, en la soledad desde la que opera, cuáles son los mínimos económicamente viables que podemos ofrecer como país a quienes se declaren víctimas. Y en este apartado cabe mencionar, por supuesto, la restitución de tierras, un elemento que constituye parte integral de la reparación: para que exista se necesita de un saneamiento estatal (propiedades donde hubo masacres, por ejemplo) y un censo específico de cuáles son las tierras y a quién se pueden adjudicar (a quién hay que expropiar). De lo contrario, la política se convertirá en un calvario laberíntico como al que se han acostumbrado muchos de los despojados.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
Lo simbólico es claro y, aún en la actualidad (hoy, por ejemplo), merece el aplauso de sectores disímiles de la opinión pública: se trata de una ley de alto orden que reconoce la existencia del conflicto armado colombiano, de las víctimas que dejó a su paso esa guerra entre ciudadanos de un mismo país y del amparo que el Estado les da dentro de un marco administrativo para que sean reconocidas y tenidas en cuenta en la aplicación de políticas públicas. Incluso reconoce a aquellas que merecen un enfoque diferencial para atender sus propias visiones culturales y sociológicas de la reparación.
No es poco, digamos. Ya lo dijo el senador del Polo Democrático Iván Cepeda en este diario el domingo: ha tenido un reconocimiento de las víctimas y ha generado espacios de participación local y regional.
Lo ambicioso es tanto o más claro que lo simbólico. La Universidad de Harvard consignó en un informe del año pasado los altísimos niveles de reparación que esta ley presupuesta: se trata del esfuerzo en un orden, pongámosle, mundial que reconoce más formas de victimización en el período más largo de tiempo. La respuesta del Estado, de acuerdo con esta ley, es integral en su más pura definición: consiste en combinar estrategias tanto simbólicas como económicas, tanto educativas como sociales. Va de nuevo y más sencillo: de la aplicación de esta ley pueden emerger “posibles problemas en términos del tamaño de las expectativas creadas y la dificultad de cumplir con ellas”, como dice el informe.
La profesora Angelika Rettberg escribió, también en este diario, que el documento Conpes 3712 de diciembre de 2011 fijó un plan de financiación de $54,9 billones para cumplir sus 10 años de vigencia. Dijo más: “Muchos de los supuestos en los que se basa este cálculo han sido ya excedidos y dependen de que se mantenga el desempeño económico actual”. Lo que implica, ya en nuestra manera de ver las cosas, que la ley debe implementarse de una forma más realista.
Si en algo no puede caer una política de reparación es en una injusticia de fondo que sea eventualmente inobjetable. Mejor dicho: no puede ser que el presupuesto alcance para unos y no para otros. Acá hay que revisar con la Unidad de Víctimas, en la soledad desde la que opera, cuáles son los mínimos económicamente viables que podemos ofrecer como país a quienes se declaren víctimas. Y en este apartado cabe mencionar, por supuesto, la restitución de tierras, un elemento que constituye parte integral de la reparación: para que exista se necesita de un saneamiento estatal (propiedades donde hubo masacres, por ejemplo) y un censo específico de cuáles son las tierras y a quién se pueden adjudicar (a quién hay que expropiar). De lo contrario, la política se convertirá en un calvario laberíntico como al que se han acostumbrado muchos de los despojados.
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