Las cuentas claras

Hay medidas gubernamentales que parecen platos suculentos pero cuya receta nunca termina uno de comprender.

Hay que reconocer como positivo el anuncio del Gobierno de bajar el precio de la gasolina en $300. Sin embargo, varios de sus ingredientes hacen pensar que esta medida no fue producto de un exhaustivo examen macroeconómico —como la presentó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas—, sino una medida para atajar el paro camionero. Es particular, por ejemplo, que el anuncio se hubiera hecho el 22 de febrero, a pocas horas del paro, y no a fin de mes, como es la costumbre.

El senador Luis Fernando Velasco, quien en varias oportunidades se ha referido a la necesidad de cambiar la forma en la que se establece el precio de la gasolina, sostuvo al respecto que “esta reducción demuestra que la fórmula de fijación de precios de combustibles corresponde a una decisión política y no a un simple tecnicismo económico”. Y ciertamente la decisión, como se tomó, deja la sensación de que fue mucho más política que técnica. Y que, además, el precio puede seguir bajando, sobre todo porque el costo del crudo sigue por el piso.

Segundo: no es solo que el anuncio se haya producido pocas horas antes del inicio del anunciado paro camionero, sino que, además, se produjo apenas un par de semanas después de que algunos congresistas denunciaran un supuesto “mico” en la reforma tributaria aprobada a final del año pasado que, en su criterio, da vida a una medida declarada inconstitucional en 2013 y que versa, puntualmente, sobre la forma en la que se financia el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, el instrumento que permite evitar que los precios aumenten o desciendan desproporcionadamente.

El Gobierno ha negado la existencia del “mico”. El ministro de Minas, Tomás González, dijo en su momento que esta medida no era sino para posibilitar que, con los precios del petróleo por el suelo, el Estado pudiera ahorrar y pagar el déficit del Fondo, que asciende a casi $4 billones. Por su parte, el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, sostuvo que es cierto que los colombianos van a pagar un precio superior al internacional, pero que “no se nos puede olvidar que cuando los precios estuvieron altos hubo un subsidio a favor de los colombianos y pues ahora estamos en la situación inversa. Lo que tiene que tener claro el país es que el beneficio fue para el usuario durante varios meses o años”.

Puede que sea cierto, pero al ciudadano hay que explicarle con mayor detenimiento el porqué del elevado precio de la gasolina en comparación con los precios internacionales. No basta con decir que agradezcan y ya. A mediados del año pasado, el entonces ministro de Minas, Amylkar Acosta, dijo que iba a proponer una fórmula más comprensible para el ciudadano. Nada ha ocurrido. El Gobierno está en mora de clarificar las comprensibles dudas. No solo porque el elevado precio de la gasolina hoy sea molesto para los ciudadanos sino porque, además, bajar los costos de la gasolina, como lo ha reconocido el mismo Gobierno Nacional, sería un gran alivio para el aparato productivo y para la competitividad de nuestra economía.

No estamos pues ante un capricho de los camioneros. De hecho, no es una preocupación única y exclusivamente de este sector, sino de todas las industrias que requieren de este combustible, al igual que de todos los ciudadanos. Si no es posible seguir bajando los precios, el Gobierno está en la obligación de explicar por qué y de encontrar fórmulas para que la ciudadanía no se vea afectada. Y si es posible seguirlos bajando, hay que hacerlo sin que quede la sensación de que la reducción es un paliativo y no una solución real. Porque, vale recordarlo, estas medidas no son ningún regalo.

 

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