Bogotá es una paradoja cruel: en el primer semestre del año el indicador de homicidios fue el más bajo en dos décadas y, aun así, esta semana nos despertamos con la noticia de cuatro cuerpos desmembrados, repartidos en 16 bolsas y encontrados en vías públicas de los barrios Rincón (Suba) y Bachué (Engativá). Con estos ya son 23 asesinatos que siguen los mismos patrones: ser extremadamente violentos, con señales de tortura y con los cuerpos dejados en espacios públicos para amedrentar a las personas y enviar un mensaje a las “bandas enemigas”. Porque, a pesar de que el Distrito de Bogotá ha podido reducir los indicadores de inseguridad después de un par de años difíciles, todo indica que la capital del país es un campo de guerra entre bandas de narcotraficantes e incluso algunos carteles transnacionales. La situación está en riesgo de salirse de control.
La alcaldesa Claudia López fue la anfitriona de un consejo extraordinario de seguridad del cual salieron varios anuncios. Importante fue el reconocimiento del problema severo en el que nos encontramos: “De los 23 homicidios que se han presentado, cuatro ya han sido esclarecidos. Capturamos a cinco personas, que serían los responsables de haber asesinado a cuatro de las 23 personas, que hemos encontrado abandonados. Bogotá puede tener la certeza de que la Fiscalía y la Policía van a dar con los responsables. Nueve casos llevan un curso de investigación muy avanzado. Esperamos tener resultados en el transcurso de septiembre, para esclarecer esos nueve casos”. Para eso cuenta con el apoyo de la Policía de Bogotá, la Fiscalía y el impulso desde el Gobierno Nacional, pues el presidente Gustavo Petro hace poco habló de la importancia de “pacificar” la capital.
En total, fueron tres los anuncios para enfrentar la crisis: primero, la creación de un Equipo Especial contra el Multicrimen, conformado por 34 funcionarios de investigación criminal y 20 especialistas en inteligencia y contrainteligencia. Segundo, la presencia de 233 policías en las localidades más críticas en materia de seguridad: Kennedy, Santa Fe y Los Mártires, con lo que la fuerza llega a 1.500 uniformados. Finalmente, todo esto entra a coordinarse con la labor que ya están adelantando la Dirección de Inteligencia Policial (Sipol) y las Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) de Bogotá, las cuales ya tienen más de 1.300 personas trabajando en la identificación, filtración y judicialización de estas estructuras criminales en la ciudad.
Tanto ruido, sin embargo, será inútil si no se dan resultados pronto. Porque los indicadores de seguridad pueden estar mejorando, pero los ciudadanos están expresando un miedo terrible por la aparición de cuerpos desmembrados en varias zonas de la capital. El consumo diario de noticias de las personas que viven en Bogotá se la pasa entre las bolsas con cadáveres y los atracos visibles en calles altamente transitadas. Una y otra vez hemos mencionado en este espacio que una de las principales deudas de esta alcaldía ha sido garantizar la seguridad en toda la ciudad. Seguimos contando la misma historia.
Ahora el problema parece ser nacional. En Barranquilla hay denuncias de extorsionistas que tienen amenazados a los comerciantes; en Norte de Santander amanecen muertos en las calles y hay amenazas de bombas; en los territorios de conflicto, ni se diga. Aún cargamos el duelo de los siete policías vilmente asesinados en el Huila. Todo esto, mientras la Policía Nacional está en un momento de transición, con dos generaciones de altos mandos que salieron por orden del presidente. Por eso necesitamos respuestas y eficiencia. Cuanto antes. Para que el terror no se siga difundiendo.
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