Cuidado con el autoritarismo digital

El uso de aplicaciones tecnológicas en las ciudades para rastrear a los colombianos y controlar los contagios de COVID-19 se está haciendo sin el cuidado necesario. El afán del Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín y ahora la Alcaldía de Bogotá por dar resultados los llevó a implementar instrumentos cuya utilidad es incierta y que amenazan con violar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las autoridades de control, en especial la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), han sido lentas en hacerse sentir.

El discurso es utópico. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, habla de un “nuevo derecho”: el de las personas a saber si estuvieron en contacto con alguien contagiado. “La responsabilidad de cada uno”, escribió en su cuenta de Twitter, “implica dejar rastro de con quién hablamos y estuvimos”. Lo propio hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al justificar la nueva aplicación Bogotá Cuidadora. El mensaje es que estas herramientas son necesarias para enfrentar la pandemia y que, en palabras de Quintero, “eso no implica renunciar a nuestra intimidad”.

Eso es debatible. Por un lado, las aplicaciones en Colombia se hicieron sin mayor discusión pública, de afán, sin mayor consideración por las regulaciones del uso de los datos, sin claros propósitos para su utilización y sin reparar en los debates éticos que hay de fondo. La idea fue, básicamente, que la tecnología es buena porque es moderna y permite vigilancia. No es tan sencillo.

En un informe de consideraciones éticas sobre el uso de la tecnología para enfrentar la crisis, la Organización Mundial de la Salud (OMS) escribió que “el uso de los datos puede amenazar derechos humanos fundamentales y libertades durante y después de la pandemia del COVID-19. La vigilancia puede cruzar rápidamente la línea entre vigilancia de la enfermedad y vigilancia de la población”. ¿Dónde están los mecanismos de verificación de los datos recolectados en el país? ¿Qué auditorías externas se están permitiendo? ¿Tiene Colombia la infraestructura para garantizar que estas bases de datos no van a ser vulnerables? Los expertos han planteado todas esas dudas.

Inicialmente, la aplicación de Bogotá iba a solicitar el registro obligatorio. Por fortuna, gracias a las críticas que surgieron, la alcaldesa López anunció que el registro será voluntario y “nos puede ayudar mucho en organizar movilidad biosegura y cuidado epidemiológico ahora que más gente saldrá, pero debe ser voluntaria, ceñida al habeas data y estricta protección de información”. Es lo mínimo, pero el debate no termina ahí.

Contrasta el camino que se ha llevado en Francia para adoptar una aplicación similar. El Parlamento ha dado debates profundos, con presencia de expertos de la sociedad civil y las industrias tecnológicas, e incluso la convocatoria a hackers éticos para garantizar la seguridad de los datos recolectados. Aquí poco ha sido el interés de las autoridades y solo esta semana la SIC se refirió al tema. No podemos, en la lucha contra la pandemia, abrir boquetes por donde entre el autoritarismo o los abusos tecnológicos.

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